Las reformas aprobadas por la 62 Legislatura del Estado de México marcan un punto de inflexión en la agenda de seguridad y derechos humanos, al asumir que fenómenos como la extorsión y la desaparición de personas ya no pueden enfrentarse con marcos legales rebasados. El posicionamiento de la presidenta de la Mesa Directiva, Martha Azucena Camacho Reynoso, subraya una narrativa de urgencia legislativa que resulta pertinente ante delitos que golpean de manera directa a las familias y a la economía local, en particular el llamado cobro de piso. Sin embargo, el verdadero alcance de estas modificaciones no estará en la solidez del discurso ni en la amplitud de las facultades otorgadas, sino en su implementación efectiva: en la capacidad de las instituciones para coordinarse, evitar la colusión, profesionalizar a los cuerpos policiales y garantizar que las nuevas herramientas de búsqueda y persecución del delito se traduzcan en resultados concretos y medibles para la ciudadanía.
No soltar la búsqueda
La postura asumida por la gobernadora Delfina Gómez frente a la seguridad y la búsqueda de personas desaparecidas apunta a una estrategia de continuidad y coordinación que reconoce la complejidad del problema sin recurrir a soluciones improvisadas. El reforzamiento de operativos como "Enjambre", "Atarraya" y "Restitución", sustentados en inteligencia y denuncia ciudadana, así como la insistencia en no soltar casos emblemáticos como Texcapilla o el de Joshua en Cuautitlán Izcalli, envían un mensaje de acompañamiento institucional a las víctimas y sus familias. Al mismo tiempo, su llamado a la colaboración internacional con Estados Unidos, delimitada por el respeto a la soberanía y la autonomía estatal, busca equilibrar eficacia y control político. El reto, una vez más, será que esta coordinación entre fuerzas federales y estatales se traduzca en resultados verificables, particularmente en la localización de personas desaparecidas, donde la confianza social se construye menos con anuncios y más con respuestas concretas.
Primeros pasos
La firma de las escrituras para la construcción de tres Centros de Educación y Cuidado Infantil del IMSS en Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Chalco representa un avance concreto en una región históricamente rezagada en infraestructura social, particularmente en la atención a la primera infancia. Más allá del acto administrativo, la donación de predios por parte de los ayuntamientos y su incorporación al Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México evidencian una coordinación intergubernamental que, cuando se traduce en servicios tangibles, tiene impacto directo en la vida cotidiana de miles de familias trabajadoras. El desafío será que estos proyectos no se queden en la planeación ni en el discurso, sino que se construyan con oportunidad, calidad y operación eficiente, para que el beneficio anunciado a más de 30 mil niñas y niños se convierta en una política pública sostenida y no en una promesa más para el oriente mexiquense.
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