Las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado de México frente a los casos de sarampión muestran una respuesta organizada y centrada en el cuidado comunitario. La administración que encabeza Delfina Gómez Álvarez ha optado por reforzar la prevención en las escuelas mediante filtros sanitarios y una amplia campaña de vacunación, priorizando la protección de niñas, niños y jóvenes sin caer en medidas alarmistas. La instalación de cientos de puntos de inmunización y la coordinación con el sector educativo hablan de una estrategia que busca facilitar el acceso y generar confianza entre las familias. Más allá de las cifras, el mensaje es claro: actuar a tiempo, informar con responsabilidad y mantener entornos escolares seguros es una forma concreta de demostrar que la salud pública sigue siendo una prioridad.
Baja homicidio en Edomex
El hecho de que el Estado de México aún figure entre las siete entidades que concentran más de la mitad de los homicidios dolosos del país obliga a mantener una lectura crítica, incluso frente a cifras alentadoras. La disminución del 48 por ciento en el promedio diario en los últimos 16 meses —informada en la conferencia encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo— no es un dato menor y sugiere que la coordinación federal y estatal está dando resultados medibles. Sin embargo, ocupar todavía un lugar relevante en la estadística nacional confirma que el problema no está resuelto, sino en proceso de contención. Las detenciones de alto impacto y la reducción sostenida indican avances operativos, pero el desafío estructural sigue siendo consolidar esa tendencia a la baja y traducirla en una percepción real de seguridad para las familias mexiquenses, más allá de los números presentados en la mañanera.
Evalúan Plan de Desarrollo
La evaluación del Plan de Desarrollo 2023-2029 abre una etapa decisiva para medir con objetividad el rumbo de la administración estatal. El anuncio de Rafael Flores Mendoza sobre el arranque del diagnóstico y la posible modificación de decenas de líneas de acción revela que el gobierno reconoce la necesidad de ajustar metas conforme avanza el sexenio. Los resultados en desarrollo económico y reducción de pobreza ofrecen un balance positivo, pero los rezagos en salud y seguridad obligan a una revisión profunda que vaya más allá de los indicadores favorables. Si el proceso se realiza con apertura, sustento técnico y viabilidad financiera, puede convertirse en una oportunidad para fortalecer la planeación pública y asegurar que los objetivos no sólo estén bien planteados, sino que realmente impacten en la calidad de vida de la población.
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