La intención del ayuntamiento de Ecatepec de prohibir el consumo y la venta de alcohol en fiestas patronales parte de una preocupación legítima por la seguridad, pero plantea un reto que raya en lo imposible. Las ferias populares están profundamente arraigadas en la identidad cultural y comunitaria, y pretender erradicar el consumo de bebidas alcohólicas sin un plan integral de prevención y alternativas viables es desconocer la realidad social del municipio. Más que una prohibición tajante, se requiere regulación eficaz, vigilancia y educación cívica. La alcaldesa Azucena Cisneros Coss apunta a convertir estas celebraciones en espacios de paz y convivencia familiar, pero imponer medidas restrictivas sin considerar el contexto puede provocar reacciones contrarias y fomentar la informalidad. Si bien la violencia asociada al consumo excesivo de alcohol es un problema real, su solución no puede recaer únicamente en la prohibición. El desafío está en construir entornos seguros.
Licencias permanentes
La propuesta del alcalde Fernando Flores Fernández de establecer licencias permanentes para el sector restaurantero en Metepec plantea una visión moderna de simplificación administrativa que podría beneficiar a cientos de empresarios. Facilitar los trámites y reducir la burocracia es un paso necesario para fomentar la inversión y fortalecer la economía local. Sin embargo, cualquier medida de este tipo debe estar acompañada de mecanismos de supervisión que garanticen el cumplimiento de normas de seguridad, higiene y funcionamiento. Aunque la iniciativa aún está en fase preliminar, representa una oportunidad para que el gobierno municipal de Metepec se posicione como un aliado del sector productivo. Pero también implica riesgos si no se regulan con claridad los criterios para otorgar y, en caso necesario, revocar estas licencias. El reto es equilibrar la agilidad administrativa con la responsabilidad pública y evitar que la desregulación derive en permisividad o falta de control.
Comienzan las molestias
La protesta de los estudiantes de la Facultad de Medicina de la UAEMéx refleja una creciente frustración ante la falta de diálogo con las autoridades universitarias. Un mes sin respuestas concretas ni mesas de trabajo es un tiempo excesivo para cualquier conflicto académico, especialmente cuando está en juego la formación profesional y la estabilidad institucional. La indiferencia por parte de los directivos solo alimenta el descontento y legitima, en parte, la radicalización de las protestas. Sin embargo, el cierre prolongado de calles y la afectación a terceros comienzan a erosionar el respaldo social que inicialmente pudieron tener los estudiantes. Si bien es válido exigir respuestas, es necesario que el movimiento encuentre formas de presión que no vulneren los derechos de la ciudadanía ni profundicen la polarización dentro de la comunidad universitaria.
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