Con mil 543 denuncias por despojo en los últimos siete años, Chimalhuacán se coloca como el quinto municipio del Estado de México con mayor incidencia en este delito, lo que revela una problemática profunda y persistente que rebasa la capacidad local. La alcaldesa Xóchitl Flores enfrenta una situación heredada y compleja, donde la intervención estatal ha sido insuficiente para contener el avance de redes que operan impunemente en zonas como Acuitlapilco, Lomas de Chocolín y los Ejidos de Santa María. Aunque la policía municipal ha realizado aseguramientos, el fenómeno del despojo involucra factores estructurales que requieren atención interinstitucional. Chimalhuacán, junto con municipios como Nezahualcóyotl, ha sido víctima de un descontrol territorial que se arrastra desde hace años.
Una herencia más
La regularización del parque vehicular de Seguridad Pública en Cuautitlán Izcalli es un paso necesario para recuperar la operatividad de una corporación que, según denunció el alcalde morenista Daniel Serrano, fue entregada en condiciones deplorables. La deuda de más de 11.3 millones de pesos heredada por la administración anterior, junto con el abandono físico y mecánico de las patrullas, revela una grave irresponsabilidad institucional que compromete directamente la capacidad de respuesta en materia de seguridad. Es urgente que este tipo de omisiones no queden impunes ni se repitan. El esfuerzo del gobierno entrante por emplacar y verificar las nuevas unidades, así como por gestionar la condonación del adeudo con la Secretaría de Finanzas estatal, muestra voluntad de corregir el rumbo, pero también deja en evidencia los vacíos de control y supervisión que han predominado en los cambios de administración.
Daños colaterales
El cierre prolongado de Ciudad Universitaria en Toluca ha dejado en evidencia que, más allá del conflicto académico o administrativo que lo originó, existe un severo impacto económico en la comunidad que rodea a la UAEMéx. Comerciantes formales e informales, desde papelerías hasta fondas, hoy operan con apenas el 10 al 20% de su capacidad. Mientras las autoridades universitarias y estatales debaten en sus escritorios, decenas de familias enfrentan una crisis económica sin precedentes, provocada por una decisión institucional que ignora su dimensión social. Resulta urgente que el problema se resuelva. De lo contrario, el costo de esta crisis no solo será académico, sino profundamente humano y económico.
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