El caso de Miriam “N”, servidora pública del DIF municipal de Capulhuac, pone en evidencia una preocupante práctica de silenciamiento institucional. Su declaración, en la que niega haber llegado a algún acuerdo con la alcaldesa Selene Hernández y denuncia represalias en su contra, revela un entorno laboral donde las voces disidentes no solo son ignoradas, sino castigadas. La ausencia de canales eficaces para la denuncia y la protección de derechos laborales abre la puerta a un ejercicio autoritario del poder en los gobiernos municipales. Más allá del deslinde político, lo relevante es la denuncia de represalias como respuesta a un conflicto interno. Si desde el servicio público se ejerce presión o intimidación a quienes cuestionan o no se alinean con decisiones superiores, se está vulnerando no solo el marco ético del servicio civil, sino los derechos fundamentales. El ayuntamiento de Capulhuac tiene la obligación de esclarecer estos hechos.
Municipios alejados de la ley
La cifra de que sólo el 37 % de los municipios del Estado de México aplican la Ley de Justicia Cívica evidencia una omisión sistemática en la garantía de derechos fundamentales a nivel local. Esta ley, diseñada para asegurar que las personas infractoras reciban un trato digno y justo, es ignorada en la mayoría de las demarcaciones, lo que deja a miles de ciudadanos en situación de vulnerabilidad frente a procedimientos arbitrarios. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, presidida por Myrna García Morón, ha hecho un llamado claro a los municipios para que asuman su responsabilidad en la aplicación de esta normativa. La falta de cumplimiento de esta ley no es un asunto menor: revela una debilidad estructural en la forma en que los gobiernos municipales conciben la justicia cotidiana. La justicia cívica es la primera línea de contacto entre la ciudadanía y el sistema legal.
Prevención en Naucalpan
La jornada Limpiemos Nuestro Edomex representa un esfuerzo loable para prevenir desastres en plena temporada de lluvias, particularmente con el retiro de más de 140 toneladas de basura de la presa Los Cuartos. Esta acción preventiva, respaldada por más de 700 servidores públicos de los tres niveles de gobierno, es un ejemplo de coordinación institucional que, aunque necesaria, también evidencia el descuido previo en el manejo de residuos y mantenimiento de cuerpos de agua. El problema no debería llegar al punto de poner en riesgo a la población por acumulaciones tan graves. La gobernadora Delfina Gómez Álvarez ha prometido que los trabajos continuarán de forma constante, lo cual es indispensable, pero el verdadero reto va más allá de jornadas emergentes. La basura en presas y canales es reflejo de una falla estructural en políticas de gestión de residuos, educación ambiental y cultura cívica.
Síguenos en nuestras redes sociales:
Instagram: @eluniversaledomex, Facebook: El Universal Edomex y X: @Univ_Edomex