La consolidación del Parque Ecológico Lago de Texcoco se presenta hoy como un emblema del giro ambiental que sustituyó al cancelado NAIM, pero también como un recordatorio incómodo del costo de las decisiones políticas. Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum reivindica un espacio natural de más de 14 mil hectáreas y una inversión adicional cercana a 5 mil 500 millones de pesos, persiste la sombra de los 113 mil millones ya gastados en un aeropuerto abortado por consulta popular. El parque aporta beneficios ambientales, recreativos y simbólicos al oriente del Valle de México, pero no cancela el debate de fondo: si la transformación del lago compensa la pérdida de una infraestructura estratégica ni si el país puede normalizar virajes sexenales que redefinen el territorio a golpe de discurso. Entre el parque “hermosísimo” y el aeropuerto “inviable”, la pregunta sigue abierta sobre el verdadero saldo —ambiental, económico y de planeación— que heredarán las próximas generaciones.
Botín en disputa
La Operación Caudal expuso una realidad que durante años fue tolerada en el Estado de México: el control ilegal del agua por redes que operaban con fachada sindical y, en algunos casos, con la complacencia de autoridades. Más allá de los aseguramientos y detenciones, el operativo dejó al descubierto la fragilidad del abasto, particularmente en la zona oriente, donde el cierre de redes irregulares derivó en desabasto y protestas de quienes dependen de la distribución en pipas. Combatir el huachicoleo del agua es una obligación ineludible del Estado y un mensaje de autoridad, pero su eficacia no se medirá sólo en golpes mediáticos, sino en la capacidad de restituir el suministro regular a la población sin reproducir viejas prácticas ni generar nuevos intermediarios. Entre la aplicación de la ley y la necesidad cotidiana del líquido, el reto será que la legalidad no vuelva a diluirse.
Venezuela y el precedente peligroso
La advertencia lanzada por la Unidem, a través de su director general Francisco Cuevas Dobarganes, coloca el debate venezolano más allá de la coyuntura y lo inscribe en un dilema mayor para la región: la erosión del orden internacional. La detención de Nicolás Maduro mediante una intervención militar unilateral puede resultar atractiva para quienes celebran el fin de un régimen autoritario, pero sienta un precedente peligroso que normaliza el uso de la fuerza sin contrapesos legales ni multilaterales. Cuevas Dobarganes acierta al señalar que, cuando se relativiza el derecho internacional, la frontera entre justicia y arbitrariedad se diluye, y países como México —receptores de migración y vulnerables a presiones externas— no quedan al margen del riesgo. El desafío no es sólo qué sigue para Venezuela, sino si América Latina aceptará un nuevo orden donde la fuerza sustituya a la diplomacia y donde la anarquía global termine por cobrar factura a las democracias frágiles del continente.
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