El alcalde de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, ha comenzado a enviar un mensaje contundente: tirar basura en la vía pública no será tolerado. Con la detención de tres personas en distintos puntos de la ciudad y su traslado al Juez Cívico, se da un paso necesario para recuperar el orden urbano y la cultura del respeto al espacio público. No se trata sólo de sancionar, sino de corregir una práctica profundamente arraigada que contribuye a problemas de salud, imagen urbana y hasta inundaciones. Las recientes sanciones aplicadas por el gobierno de Ricardo Moreno Bastida a quienes arrojan basura en las calles de Toluca son un avance, pero no pueden ser la única estrategia. La aplicación de multas y arrestos debe ir acompañada de campañas de concientización permanentes, mejor infraestructura para residuos y vigilancia continua. Si el objetivo es transformar hábitos, se requiere una política integral que eduque, prevenga y, cuando sea necesario, sancione. De lo contrario, el castigo será solo un parche a un problema de fondo.
Irregularidades en gaseras
La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros, ha emprendido una cruzada necesaria contra las prácticas irregulares en la distribución de gas, con la reciente suspensión de una estación de carburación en la colonia El Carmen. La actividad ilegal de trasiego entre pipas no solo viola la ley, sino que representa un riesgo mayúsculo para la población. La clausura de esta gasera, la número 100 en su administración, envía un mensaje claro: en Ecatepec, el negocio del gas no puede operar al margen de la seguridad ni al servicio de intereses criminales. Muchos de estos puntos operaban en predios invadidos y sin permisos, lo que revela una red de impunidad que por años se normalizó en Ecatepec. La acción del gobierno municipal es un avance en la recuperación del orden y la legalidad, pero también exige seguimiento y coordinación con autoridades estatales y federales para evitar que estos negocios clandestinos resurjan bajo nuevas fachadas.
Acusan despojo
El caso que denuncian 300 familias del poblado San Miguel Llano Grande, en Huixquilucan, expone con crudeza cómo la mezcla de intereses políticos y económicos puede vulnerar derechos elementales. Los señalamientos contra el exfuncionario municipal Rangel Salazar Hermenegildo, ligado al senador Gerardo Fernández Noroña, son graves: amenazas, chantajes y fabricación de delitos para apropiarse de un predio legalmente ocupado desde 1998. La voz de Rafael García Valdez, representante de los colonos, revela un modus operandi basado en el miedo y la coacción, que no puede ser ignorado por las autoridades estatales. Lo cierto es que, ante los señalamientos de estas figuras, la fiscalía debe tener los pies en la tierra y dar cauce a todas las investigaciones. Acusaciones hay muchas, pruebas pocas y todo debe ser transparente.
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