El Programa Anual de Trabajo 2026 del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México coloca el acento en un punto clave del debate público: la recuperación de la confianza como condición previa para combatir la corrupción. La inclusión de casi 500 voces en su diseño dota al documento de legitimidad social, pero también eleva la exigencia sobre su ejecución. En un contexto donde la ciudadanía identifica la corrupción en los actos cotidianos y percibe una ausencia de sanciones, el desafío será convertir plataformas, métricas y pactos en instrumentos que incidan en la realidad administrativa y no sólo en el discurso institucional. La ruta trazada es ambiciosa y técnicamente consistente; ahora, su éxito se medirá por la capacidad del sistema anticorrupción para generar consecuencias claras, fortalecer la denuncia y demostrar que la participación ciudadana puede traducirse en cambios tangibles.
Entre anuncio y ejecución
El anuncio de la rehabilitación integral de 108 kilómetros del Periférico Norte coloca al gobierno de Delfina Gómez Álvarez frente a una de las pruebas más visibles de su gestión: atender una vialidad estratégica que durante décadas acumuló deterioro y molestia cotidiana para millones de usuarios. El compromiso, respaldado por la federación y con un impacto estimado en siete millones de personas, responde a una demanda real y documentada, como lo confirman los tramos dañados en Naucalpan y Cuautitlán Izcalli; sin embargo, la expectativa ciudadana exige algo más que un mensaje en redes sociales. La falta de información sobre etapas, tramos prioritarios, materiales y posibles afectaciones a la circulación abre un espacio de incertidumbre que debe resolverse con transparencia y planeación. Si el proyecto logra pasar del anuncio a una ejecución ordenada y verificable, el Periférico Norte podría convertirse en un referente de recuperación urbana; de lo contrario, el desgaste histórico de la vía también podría trasladarse al capital político de la administración estatal
La verificación al límite
El aumento de hasta 70 por ciento en la afluencia a los verificentros durante los últimos días del año vuelve a exhibir una constante en la relación entre ciudadanía y política ambiental: el cumplimiento reactivo, forzado más por la amenaza de la multa que por la convicción de reducir emisiones. Las filas de horas, el agotamiento de hologramas y la saturación de centros en Toluca y Metepec no sólo reflejan la prisa de última hora, sino también una planeación institucional insuficiente frente a una demanda previsible, más aún ante la entrada en vigor del programa Hoy No Circula. Entre la responsabilidad individual de quienes postergan el trámite y la obligación gubernamental de garantizar procesos accesibles y oportunos, la verificación vehicular termina convertida en un trámite punitivo, cuando debería consolidarse como una política pública efectiva de cuidado ambiental y movilidad sustentable.
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