La conclusión de los trabajos de pavimentación en la Vía Luis Donaldo Colosio-Primero de Mayo representa un avance indispensable para la movilidad de Naucalpan y la conectividad metropolitana. Tras semanas de complicaciones para miles de automovilistas, el anuncio hecho por Joel González Toral, titular de la Junta de Caminos del Estado de México, ofrece certidumbre sobre un tramo clave golpeado por el deterioro vial. No obstante, la inversión dentro del plan integral de rehabilitación de carreteras estatales no debe quedarse solo en la entrega del balizamiento y la señalización finales. El auténtico desafío para la administración estatal radicará en cumplir con el mantenimiento periódico comprometido, único mecanismo que garantizará que esta obra alcance la vida útil proyectada y no se diluya ante el constante flujo vehicular.
La implementación del Operativo Plan Emergente AIFA por parte de la SSEM representa una respuesta concreta para blindar uno de los corredores estratégicos más sensibles del Valle de México. Si bien las cifras del Secretariado Ejecutivo reflejan una tendencia a la baja en delitos de alto impacto como el robo a transporte de carga y de pasajeros durante 2026, la percepción de inseguridad en los accesos a la terminal aérea sigue siendo una asignatura pendiente. Desplegar fuerza policial y revisiones aleatorias en Ecatepec, Zumpango y el Circuito Exterior Mexiquense manda una señal de presencia institucional necesaria para la tranquilidad de usuarios y transportistas. Sin embargo, el éxito sostenido de este plan dependerá de que los patrullajes no sean reactivos ni temporales, sino parte de un esquema permanente de inteligencia que prevenga el delito sin entorpecer la fluidez del tránsito hacia el aeropuerto.
La exclusión de al menos 50 menores en la primaria Benito Juárez evidencia las grietas de un sistema educativo mexiquense que, pese a su magnitud, tropieza en la atención de las comunidades más vulnerables. Ubicada en la parte alta de la Sierra de Guadalupe, esta escuela nació del esfuerzo comunitario, por lo que reubicar a los niños en planteles distantes no es una alternativa viable para familias que enfrentan complicaciones geográficas y económicas. Si bien la regulación del cupo responde a criterios oficiales, resulta incomprensible obstaculizar el acceso cuando la infraestructura mejorada con recursos públicos permite absorber esa demanda. Las autoridades de la SECTI deben ir más allá del trámite burocrático y priorizar el interés superior de la infancia garantizando el derecho a la educación en su propia localidad. El acceso a las aulas en las zonas marginadas no puede estar sujeto a las barreras del pasaje ni a la indiferencia institucional.
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