La designación de Hilda Salazar Gil como Comisaria de la Comisión Permanente de Contralorías Estados–Federación coloca al Estado de México en una posición relevante dentro de los mecanismos nacionales de control y evaluación gubernamental. El nombramiento se da en un momento en el que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno es clave para fortalecer la rendición de cuentas y la prevención de actos de corrupción. Desde esta responsabilidad, la funcionaria tendrá el encargo de impulsar la articulación institucional y el intercambio de buenas prácticas entre entidades federativas. El reto será que estos espacios de coordinación se traduzcan en mejoras concretas en los sistemas de control interno y fiscalización.
IA refuerza seguridad
La apuesta del Estado de México por incorporar inteligencia artificial en sus esquemas de seguridad rumbo al Mundial de 2026 marca un giro relevante en la forma de enfrentar los retos de movilidad y protección de visitantes. El despliegue anunciado por el secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda, apunta a un modelo preventivo basado en tecnología de alto alcance y coordinación interinstitucional. Sin embargo, el éxito del sistema no dependerá solo del número de cámaras o de la capacidad de procesamiento, sino de su correcta operación y del uso responsable de la información. La integración con el 911 y la atención multilingüe responden a un contexto internacional que exige eficiencia y rapidez. El desafío será garantizar que estas herramientas se traduzcan en respuestas oportunas sin vulnerar derechos. De su implementación efectiva dependerá que la tecnología se convierta en un aliado real de la seguridad y no solo en un anuncio de gran escala.
SCJN entra a caso
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de atraer el expediente sobre el desabasto de agua en Ecatepec coloca en el centro del debate un problema estructural que por años ha sido atendido de manera fragmentada. Más allá del impulso político que destaca la diputada Miriam Silva Mata, el caso evidencia la incapacidad de los gobiernos municipales para garantizar un derecho humano básico como el acceso al agua. Que la Corte conozca los amparos y detenga resoluciones locales abre una ventana para ordenar responsabilidades y corregir omisiones acumuladas. La dimensión del problema, que afecta a más de un millón de personas con dotaciones mínimas e incluso agua contaminada, rebasa lo administrativo y se inscribe en el terreno de la dignidad. El fallo que emita la SCJN no solo resolverá un conflicto local, sino que sentará un precedente sobre la obligación del Estado frente a la gestión del recurso hídrico.
