El incremento al apoyo gubernamental para los pirotécnicos mexiquenses resulta una medida insuficiente frente a un problema estructural mucho más complejo. Mientras la Secretaría de Desarrollo Económico busca aliviar con recursos monetarios el impacto financiero de miles de familias en municipios como Tultepec, las estrictas restricciones locales y los constantes operativos de decomiso continúan ahogando las ventas del sector regulado. Otorgar transferencias económicas por un lado mientras se paraliza el libre comercio legal por el otro expone una flagrante contradicción en las políticas públicas del Estado de México. Para reactivar de verdad una economía de la que dependen más de mil familias, las autoridades deben enfocar sus esfuerzos en priorizar la capacitación integral, garantizar la seguridad e incentivar el uso responsable de la pirotecnia, en lugar de recurrir a paliativos presupuestales que no resuelven la crisis de fondo.
La apuesta por el diálogo manifestada por el secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, frente a las protestas del personal de salud de IMSS-Bienestar refleja una postura política prudente, pero que bordea la permisividad institucional. Si bien erradicar la represión y evitar las prácticas del pasado son pasos acertados para mantener la gobernabilidad en el Estado de México, apelar únicamente a la buena voluntad de los manifestantes no resuelve el colapso vial ni la afectación a miles de ciudadanos en municipios clave como Toluca o Naucalpan. Reconocer los problemas sin culpar al pasado es un ejercicio de madurez; sin embargo, deslindar responsabilidades hacia la Federación deja un vacío de autoridad local que erosiona la paz social. Garantizar el derecho a la libre manifestación no debe significar el abandono del libre tránsito ni la postergación de soluciones concretas para el sector salud. La gobernabilidad real exige más que contención discursiva: requiere capacidad de gestión y resultados inmediatos.
La urgencia del alcalde de Tonanitla, Mauro Martínez Martínez, por resolver la disputa territorial de 800 hectáreas con Tecámac y Jaltenco expone una grave omisión legislativa que vulnera la paz social en la zona aledaña al AIFA. La falta de certidumbre jurídica no solo asfixia la recaudación y paraliza la dotación de servicios básicos, sino que ha mutado en una bomba de tiempo con enfrentamientos violentos y bloqueos carreteros. Las apelaciones a la Junta de Coordinación Política y a la Secretaría General de Gobierno, encabezada por Horacio Duarte Olivares, son un llamado contundente para sustituir los discursos y reuniones informales por dictámenes oficiales definitivos. Postergar la delimitación fronteriza solo perpetúa la ingobernabilidad y deja a miles de familias atrapadas en el abandono institucional. La resolución de este diferendo histórico no admite más dilaciones en el Congreso mexiquense.
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