La disminución de los feminicidios en el Estado de México, presumida por la secretaria María Esther Rodríguez, merece reconocerse, pero también analizarse con rigor. Pasar de 156 casos anuales en 2020 a 51 en 2025, con una tendencia adicional a la baja en 2026, es un dato que rompe inercias históricas en una entidad que durante años encabezó las estadísticas nacionales. Sin embargo, la eventual revisión de los 11 municipios con Alerta de Violencia de Género no debe convertirse en un gesto simbólico ni en una decisión dictada por el calendario del 8 de marzo. Más que celebrar porcentajes, el reto es consolidar políticas permanentes: que los recursos federales y estatales sigan aterrizando en acompañamiento psicológico, jurídico y territorial, y que los nuevos Centros LIBRES y las Ciudades Mujer no sean sólo cifras, sino espacios eficaces. Porque en materia de violencia contra las mujeres, la prudencia institucional vale más que el triunfalismo prematuro.
La declaratoria del 18 de julio como Día Estatal de las Personas Activistas y Promotoras del Medio Ambiente representa un gesto oportuno del Congreso mexiquense para reconocer a quienes, desde la sociedad civil, han asumido la defensa de los ecosistemas como una causa permanente. La propuesta impulsada por el grupo parlamentario coordinado por José Alberto Couttolenc coloca el tema ambiental en una dimensión institucional que trasciende colores partidistas y lo sitúa como una responsabilidad compartida. Si bien una fecha conmemorativa no resuelve por sí sola los desafíos que enfrentan las y los defensores ambientales, sí envía un mensaje de respaldo y legitimidad a su labor. Convertir ese reconocimiento en políticas de acompañamiento y protección será el siguiente paso para consolidar una agenda ambiental que, como se ha dicho, no es coyuntural, sino generacional.
La puesta en marcha de la Estrategia CERA en Chicoloapan refleja un giro relevante en la política pública estatal: asumir el bienestar animal como parte de la agenda social y no como un asunto accesorio. Bajo el impulso de la gobernadora Delfina Gómez, el enfoque de capturar, esterilizar, educar, resguardar y promover la adopción introduce una visión integral que combina salud pública, conciencia comunitaria y protección de los llamados seres sintientes. Las casi 300 esterilizaciones y más de 500 desparasitaciones realizadas en una sola jornada muestran que existe demanda ciudadana y capacidad operativa; el reto será sostener la estrategia en el tiempo y ampliarla con cobertura territorial constante. Atender la sobrepoblación y fomentar la tenencia responsable no sólo reduce el abandono y el maltrato, también fortalece el tejido social desde la empatía y la corresponsabilidad.
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