La explosión de la pipa en el puente de la Concordia, en Iztapalapa, no se trata de un accidente más. Esta tragedia se da un día después de que las autoridades vaciaron otra, que había volcado, con fuego controlado. Es claro que fue producto de la negligencia, la corrupción y la indolencia de quienes deberían garantizar la seguridad de la población, de los ciudadanos, de los miles de vehículos que día a día circulan por las carreteras del país.

Veinte familias hoy lloran a sus seres queridos que murieron a causa del fuego y decenas más llevarán cicatrices para toda la vida, no sólo físicas, sino psicológicas. Y la pregunta es obligada en este lamentable hecho: ¿quiénes son los culpables?

Acusar sólo al chofer, que por cierto falleció ayer, sería una injusticia. Por supuesto, hay quienes son unos irresponsables, pero en este caso sus propios compañeros lo libran de cualquier culpa porque él advirtió a la empresa que la unidad no estaba en buenas condiciones. Como siempre, en este caso ¿Qué puede hacer un trabajador obligado por sus jefes que ponen por encima la entrega del producto sobre la seguridad? El chofer es la primera cara visible en el accidente, pero no el culpable.

La empresa dueña de la pipa no puede hacerse de lado y debe ser investigada a fondo. Si mandó a circular un vehículo del que ya le habían advertido que estaba con daños, no quedaría la menor duda, cometió un acto a todas luces criminal. No estamos hablando de un simple error administrativo ni de una omisión cualquiera: es una empresa que traslada material peligroso. Murieron 20 personas, pero puso en riesgo la vida de cientos más sin contemplaciones. Por eso es importante la investigación y que se llegue al fondo del asunto. Sería lamentable que la avaricia empresarial haya provocado esta desgracia.

Pero no paramos aquí. Las autoridades tienen todavía mayor responsabilidad. ¿De qué sirven las normas de verificación si el transporte circula sin frenos, sin mantenimiento y con permisos productos de actos de corrupción? La permisividad de las instituciones hace que las carreteras sean de alta peligrosidad. No vigilan, no sancionan y se convierten en cómplices por omisión, porque miran hacia otro lado y con ello son culpables de los hechos trágicos.

La Guardia Nacional, que fue producto de una fusión donde quedó la Policía Federal de Caminos, poco se ve en las carreteras, brilla por su ausencia seguridad en las carreteras. Pocos respetan los límites de velocidad Los límites de velocidad y los accidentes con transporte pesado son parte de la nota roja diaria. ¿Para qué sirve un cuerpo de seguridad así? Sus patrullas de lámina simuladas, dan risa. La explosión en Iztapalapa revela fallas en un sistema que dejó de cumplir su función.

Esta tragedia es la consecuencia de empresas impunes, choferes explotados o sin capacitación (que toman pastillas para aguantar largas jornadas) y autoridades corruptas. Es una cadena de negligencia y cada víctima de este lamentable hecho es resultado de este engranaje perverso. Y mientras así siga, cada ciudadano que circula por las carreteras de México estamos en gran riesgo.

México no requiere de discursos ni condolencias de políticos ni de las instituciones. Pide que haya responsables con castigo, que se cancelen concesiones si así debe hacerse y autoridades honestas, que sólo hagan su trabajo, no más. La explosión de la pipa en el puente de la Concordia entre la Ciudad de México y el Estado de México es ahora el recordatorio de que la corrupción y la negligencia matan y si no se actúa, las tragedias seguirán.

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