¿Retorno al control centralizado?
La reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum representa, para muchos politólogos, un regreso a la época dorada del PRI, cuando el gobierno federal controlaba todas las aristas de las elecciones, desde la convocatoria hasta su calificación, pasando por la organización.
Aunque la presidenta busca el consenso para su aprobación, lo cierto es que el nuevo ordenamiento electoral enfrenta resistencias políticas y técnicas, con críticas sobre posibles errores y falta de pluralismo en su diseño.
Tensión política y descontento interno
El encargado de sacar adelante este proyecto, Pablo Gómez, ha provocado una revuelta en la que sus propios compañeros de partido han empezado a expresar molestias, como el caso de Ricardo Monreal, que ya expresó su malestar porque, a su juicio, la reforma debe ser impulsada desde el Congreso federal.
Pero también ha generado molestias entre sus aliados de los partidos del Trabajo y Verde Ecologista, porque no están dispuestos a ceder ni una sola de las posiciones que han logrado en el Senado y en el Congreso federal a través de la representación proporcional, ya que lograrlo por la vía de la mayoría es algo impensable.
Cambios propuestos
La reforma busca cambios profundos, incluso la eliminación de los representantes populares plurinominales con el propósito de que todos los integrantes del Congreso de la Unión y de los congresos estatales lleguen por voto directo.
Además, pretende la reducción de consejeros electorales electos por voto popular, mayor fiscalización a los partidos políticos y la simplificación de la organización electoral, con cómputos nocturnos, porque busca un sistema más "territorial y ciudadano", aunque eso ha generado muchas dudas sobre la estabilidad y autonomía del Instituto Nacional Electoral.
Desaparición del INE y de los organismos locales
Prevé la desaparición del INE y su sustitución por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC); la disminución del encargo de los consejeros a seis años sin reelección; desmantelamiento de los Organismos Públicos Locales Electorales. En el caso de nuestra entidad desaparecería el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).
Riesgos operativos y pérdida de experiencia
Sin embargo, esta es una de las facetas de la reforma que más ha originado incertidumbre, porque no ahorrará dinero y, por el contrario, traerá afectaciones al sistema electoral, porque para el Estado de México eso es inviable por el tamaño de la elección que se organiza cada tres años; además de que perdería la valiosa profesionalización de los funcionarios electorales que hoy tienen en sus manos al IEEM. Pero, además, se les ha olvidado que ahora también tienen la responsabilidad de organizar la elección judicial. Pff.
Argumento presidencial
"¿Para qué queremos tantos institutos locales, instituto federal, si ya hay casillas únicas, ya la fiscalización se hace de manera central..? Entonces, ¿qué caso tiene que haya instituciones locales?", planteó la presidenta Sheinbaum en agosto del año pasado.
Carga electoral rumbo a 2027
Pablo Gómez no le dijo a la mandataria nacional que los organismos estatales no duplican tareas, o él mismo lo desconoce, porque tienen funciones particulares para que el sistema electoral funcione a la perfección. En este momento el INE no tiene la capacidad para atender una elección nacional como la que tendremos en 2027 en la entidad, donde, además de los diputados federales, los mexiquenses elegiremos a 125 ayuntamientos y la renovación del Congreso local (además de magistrados y jueces).
En 2027, 17 estados tendrán elección para renovar a su gobernador o gobernadora, además se elegirán 669 presidentes municipales y mil 88 diputados locales. Esos procesos electorales son organizados por los OPLEs. Es claro que la desaparición de estos pone en riesgo la operatividad y capacidad de tener una elección en las mejores condiciones.
Necesidad de consenso
Lo ideal será que se incorporen en la iniciativa presidencial de la reforma electoral las propuestas de los aliados políticos de Morena y también las de la oposición para alcanzar el consenso anhelado que le permita tener larga vida a la democracia mexicana.
De lo contrario, será una regresión a esquemas que costó mucho trabajo político superar, sobre todo, a muchos de los que hoy ostentan el poder.
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