En la mayoría de los países del mundo, los sistemas de pensiones están bajo una tremenda presión por el envejecimiento de la población, el aumento de la deuda pública y la alta inflación, por lo que especialistas consideran que la gente ya no puede depender únicamente de la seguridad social o de las pensiones públicas.
En el Estado de México, que rebasa los cien mil pensionados y pensionistas, cifra que crece cada año, el reto es mayúsculo para el gobierno estatal debido al aumento en la esperanza de vida y la brecha entre las pensiones prometidas y los recursos disponibles, así como al decremento de los trabajadores en activo que soportan el pago a los jubilados.
Un problema global que ya estalló en otros países
El escenario mundial con respecto a las jubilaciones no es nada halagador para los mexiquenses. Sólo basta recordar los disturbios generados en marzo de 2023 en Francia, cuando el presidente Emmanuel Macron decidió aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años. El anuncio de la propuesta dio origen a la ola de protestas más multitudinarias en contra del gobierno desde la crisis de 2018; sin embargo, un mes después fue aprobada la reforma.
Argentina y Chile vivieron momentos difíciles por la misma situación, porque los sistemas de reparto están bajo presión ya que la población activa disminuye, mientras los pensionistas aumentan. Aproximadamente una cuarta parte de las pensiones actuales en algunos países se pagan con deuda pública.
Países como Francia, Italia y España enfrentan un alto riesgo de insostenibilidad y las reformas para reducir beneficios o aumentar años de trabajo han generado huelgas y problemas sociales. Los países de América Latina enfrentan desafíos por la alta informalidad laboral, las bajas tasas de ahorro y la transición de sistemas públicos a privados con alto descontento social sobre la suficiencia de las pensiones.
La crisis financiera del ISSEMyM
En este complejo escenario se entiende la crisis por la que atraviesa el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, ISSEMyM, que agotó sus reservas financieras en 2024 y a partir de entonces, las pensiones y los servicios médicos que otorga dependen directamente de las transferencias del gobierno estatal.
Si bien la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Vázquez Rodríguez, tienen muy claro el origen del problema, sus consecuencias y la forma de atenderlo y resolverlo, se requerirá de un trabajo político y financiero muy fino para que la reforma a la Ley de Seguridad Social que trabajan de manera conjunta los Poderes Ejecutivo y Legislativo no lesione a los trabajadores en activo y tampoco a los pensionados y pensionistas.
Presupuesto creciente, pensiones desbordadas
Para que nos demos cuenta del tamaño del problema, en 2020, el ISSEMyM ejerció un presupuesto de 25 mil 152 millones de pesos; en 2021 y 2022, los recursos destinados al organismo crecieron a 29 mil 271 millones de pesos, pero en 2023 se dispararon a 36 mil 951 millones de pesos; en 2024, el presupuesto alcanzó 43 mil 328 millones de pesos y en 2025 llegó a 44 mil 30 millones. Como se observa, en apenas cinco años el presupuesto casi se duplicó.
Pero lo interesante viene cuando analizamos el dinero que se destina al pago de pensiones, ya que, en 2020, el gasto era de alrededor de 10 mil millones de pesos y para 2025, se disparó a 26 mil 123 millones, lo que implica que más de la mitad del presupuesto destinado al ISSEMyM se utiliza para el cumplimiento de los pagos.
Este es el complicado escenario que vive el ISSEMyM, que podría agravarse en los próximos años, si no se encuentra la fórmula adecuada para equilibrar sus ingresos contra el pago de pensiones.
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