México mantiene una deuda brutal con quienes ejercemos el periodismo. TResearch International, dirigida por Carlos Penna Charolet, puso otra vez los números en evidencia en su serie La guerra en números. El documento, elaborado con datos de ARTICLE 19, registra 178 periodistas asesinados entre 2001 y julio de 2026. ¡178! Hablamos de 165 hombres y 13 mujeres. El año más letal de toda fue 2022, con 13 casos.
Las cifras muestran que el problema rebasa gobiernos y partidos. El análisis registra 22 periodistas asesinados durante el sexenio de Vicente Fox; 48 con Felipe Calderón; 47 con Enrique Peña Nieto; 47 con Andrés Manuel López Obrador, y 14 en lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum, hasta julio de 2026.
No se trata de convertir la tragedia en argumento partidista. El problema es de Estado y se ha prolongado durante décadas sin que ninguna administración haya podido (o querido) resolver.
El mapa de la violencia
Hay entidades donde ejercer el periodismo significa un riesgo mayor. Veracruz concentra 34 asesinatos desde 2001; Guerrero, 20; Oaxaca, 16; Chihuahua, 15, y Tamaulipas, 13. El Estado de México registra cuatro en el periodo analizado.
Y detrás de cada asesinato se afectó a familias enteras, a amigos, al gremio y a la misma sociedad. Pero también una investigación o información que alguien quiso que no se diera a conocer. Cuando matan a una o a un periodista no solo callan una voz, el mensaje intimidatorio alcanza a los medios en general y a los colegas.
México es señalado a nivel internacional por el riesgo que representa ejercer esta profesión. Reporteros Sin Fronteras dio a conocer, en junio de 2026, que el país continúa entre los más peligrosos del mundo para la prensa y lo ubicó en el lugar 122 de 180 en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa. ARTICLE 19, por su parte, documentó una impunidad de 89.17 por ciento en crímenes contra la prensa. Ahí está quizá el problema medular. Amenazar, golpear o matar a un periodista puede tener pocas consecuencias, o nada, para quien lo ordena o ejecuta.
Proteger no es suficiente
Es claro que hacen falta protocolos de seguridad. Los mecanismos federal y estatales de protección deben contar con recursos, personal capacitado, reacción inmediata y coordinación efectiva entre autoridades. Las amenazas deben atenderse desde la primera denuncia y las medidas de protección deben responder al riesgo particular de cada periodista. Pero incluso el mejor mecanismo de protección será insuficiente mientras las investigaciones fracasen y los responsables permanezcan libres. Hay casos de periodistas que son asesinados pese a contar con medidas oficiales de protección y por eso se pierde la credibilidad en estos. RSF ha registrado esta situación y ha insistido en fortalecer los sistemas.
La real lucha es contra la impunidad. No es suficiente detener al autor material de un asesinato. Se debe llegar al fondo del asunto y que se sepa quién amenazó, quién ordenó atacar, quién pagó y cuál fue el móvil. Las fiscalías deben investigar desde el inicio la actividad periodística como una posible línea relacionada con la agresión, sin dejar de lado otras hipótesis sustentadas en la evidencia. Mientras una amenaza no se resuelva, una agresión no llegue ante un juzgador o un homicidio quede sin llegar a los responsables intelectuales, sigue siendo un peligro para los periodistas y seguiremos siendo atacados.
Los 178 asesinatos que documenta TResearch con información de ARTICLE 19 no puede quedarse en una estadística que cada año se actualice con resignación.
Mientras no haya consecuencias, habrá quienes crean que una bala puede silenciar una voz, una investigación, una denuncia o una crítica. Y cuando el miedo obliga a callar a un periodista, quien pierde no es solamente el gremio pierde la democracia y sociedad entera su derecho informarse.
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