En el Congreso del Estado de México ya trabajan en las leyes secundarias de la reforma judicial. Uno de los órganos a los que se le dará especial atención, por lo que representa para el buen funcionamiento de uno de los tres poderes del Estado, es el Tribunal de Disciplina Judicial.
Y de acuerdo con análisis y diagnósticos de especialistas, en un comparativo con el federal, en la reforma estatal hay riesgo de ser débil en su autonomía, sobre todo en lo que a recursos se refiere, y de no establecerse adecuadamente las normas, subordinarse al Órgano de Administración Judicial.
Las y los diputados deben considerar para el tribunal, si quieren que tenga una real independencia, unidades que no están previstas todavía, como son las de evaluación, control interno, análisis, estadísticas, etc. Esto para apoyar y dotar de áreas para investigación, sanción y seguimiento.
De acuerdo con los expertos, y seguramente así lo incluirán (ya se verá cuál será la redacción), el Tribunal de Disciplina Judicial debe ser autónomo presupuestal y operativamente. Evidentemente su presupuesto será aprobado por la Legislatura y administrado exclusivamente por el pleno de este órgano. Hay quienes proponen incluso crear la Unidad de Administración del Tribunal de Disciplina Judicial, para la administración del personal y recursos materiales.
Como ya se dijo no debe subordinarse a ningún otro órgano del Poder Judicial y debe contar con su estructura interna propia, de acuerdo con las recomendaciones.
Aunque actualmente se tienen cinco, hay propuestas de la necesidad de ampliar a nueve magistraturas para evitar participación cruzada en primera y segunda instancia, además de garantizar la paridad de género. Esto previo al proceso electoral de 2027.
Reforzar sus facultades, como ya se tenía previsto, es algo que seguramente tomarán en cuenta las y los legisladores en la integración. Hablamos de iniciar investigaciones de oficio o por denuncia; aplicar medidas cautelares; aplicar sanciones por faltas graves y no graves; vista al Ministerio Público; solicitud de juicio político; evaluación de desempeño de jueces y magistrados electos con posibilidad de suspensión o destitución.
También considerar la facultad de la Dirección General de Investigación de Responsabilidades Administrativas para recabar indicios y pruebas, para realizar investigaciones con amplio margen de acción, tanto al interior y al exterior del Poder Judicial.
Los blindajes procesales es otro tema que no dejará de ser contemplado. Es decir, considerar principios de presunción de inocencia, debido proceso, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, proporcionalidad y definitividad de resoluciones, “con revisión sólo en segunda instancia interna, prevaleciendo la transparencia procesal, evitando dilaciones que favorezcan impunidad”.
Estos son sólo algunos puntos, pero es posible que hoy ya se tenga un anteproyecto muy completo, pues cada vez se acerca la hora en que comenzará a operar el nuevo Poder Judicial del Estado de México. Magistrados, magistradas, jueces, juezas, electos por votación ciudadana. Todo debe ser mucho mejor, claramente.
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