El transporte público en el Valle de Toluca vive una etapa de gran crisis. Los concesionarios dicen que el alza al pasaje es necesaria para mantener la operación de sus rutas; pero la propia realidad del sistema muestra que, si las autoridades retirarán a las unidades irregulares, la presión sobre los ingresos de las empresas disminuiría. El dato es revelador y preocupante: de cada diez vehículos en circulación, al menos ocho operan sin concesión formal. Hablamos del 80 por ciento de irregularidad.

Esta situación genera una distorsión a la vista de todos. Y es que mientras los transportistas legales enfrentan menor afluencia de pasajeros e ingresos más bajos (eso dicen); por otro, los usuarios se ven obligados a viajar en unidades que carecen de condiciones mínimas de seguridad. La proliferación de combis y autobuses pirata no sólo afecta a la economía formal del sector, también erosiona la confianza de la ciudadanía y multiplica los riesgos.

Porque seamos claros: el servicio, actualmente, incluso en sus versiones concesionadas, está lejos de ser el ideal. Los retrasos, el mal estado de las unidades, la falta de capacitación de choferes y la ausencia de modernización hacen que la experiencia diaria de viajar en transporte público sea incómoda, lenta e insegura. Pedir más dinero a los pasajeros, sin ofrecer mejoras visibles, no resulta lo mejor para miles de usuarios que sienten que cada peso extra es un golpe al bolsillo.

El problema no se resuelve con decretar un aumento, sino con un ordenamiento real. Si se retiraran los vehículos que operan fuera de la ley, el transporte formal podría recuperar parte de sus ingresos y las autoridades tendrían la oportunidad de reorganizar rutas, mejorar frecuencias y reducir la sobreoferta que hoy satura vialidades y multiplica el tráfico en Toluca y sus municipios conurbados.

Además, los riesgos son muchísimos. Bastantes de estas unidades irregulares circulan sin seguro de viajero, lo que significa que, en caso de accidente, los pasajeros quedan desprotegidos. Los siniestros incluyen desde choques hasta atropellamientos, la combinación de imprudencia y falta de regulación las convierte en bombas de tiempo rodantes. Hay que echar un ojo a los medios para saber de los últimos accidentes de transporte público.

Pero hay que añadir un ingrediente político que no debe olvidarse. Buena parte de estas unidades están vinculadas a exfuncionarios o personajes “influyentes” en administraciones pasadas. No se trata solo de “piratas espontáneos”, sino de intereses creados que han encontrado en la impunidad el terreno fértil para lucrar con la necesidad de la población.

Por eso, la discusión sobre el alza en el pasaje debe ir de la mano con una acción contundente de la autoridad. Porque es un hecho que se los autorizarán, aunque digan lo contrario. Más que cargar al bolsillo del usuario, deben sacar de circulación a quienes operan al margen de la ley y exigir un servicio digno a los concesionarios. Solo así se podrá aspirar a un transporte público ordenado, seguro y con tarifas justas.

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