El maestro en Periodismo Ignacio Salgado García forjó al paso de los años una sólida reputación como especialista en seguridad social y pensiones. Su paso por la dirección de Prestaciones Socio-Económicas del ISSEMyM durante el periodo 2004-2019 le permitió conocer muy de cerca las fortalezas y debilidades del organismo de seguridad social, el tercero más grande del país, sólo detrás del IMSS y del ISSSTE.
No, él no es el responsable de la situación de crisis por la que atraviesa el Instituto de Seguridad Social del Estado de México; el instituto arrastra dolencias desde hace casi 20 años, pese a que en ese lapso hubo reformas para aumentar cuotas y aportaciones, pero sólo fue una medida transitoria. Le urge una cirugía de gran calado, en la que necesariamente tendrá que intervenir el gobierno federal para otorgarle un subsidio.
La reforma de 2018, impulsada por el entonces gobernador Alfredo Del Mazo Maza, planteaba no sólo un ajuste a cuotas y aportaciones, sino también la eliminación de las pensiones en el caso de los trabajadores de nuevo ingreso, quienes podrían optar por una Afore de su agrado para mantener sus percepciones de antigüedad.
Ese planteamiento estaba inspirado en la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007 que modificó el régimen de pensiones, con la creación de cuentas individuales donde la pensión que recibirán dependerá del monto acumulado en su cuenta a lo largo de su vida laboral, lo que eliminaba, en los hechos, las pensiones, por lo que fue duramente atacada desde su promulgación.
Precisamente, es la ley que se comprometió a derogar la presidenta Claudia Sheinbaum cuando andaba en campaña, pero que luego dio marcha atrás al darse cuenta del boquete financiero que abriría a las finanzas federales.
Los maestros agrupados en la CNTE consideran que esa reforma ha sido perjudicial para los trabajadores del sector educativo, al convertir la seguridad social en una responsabilidad individual, sujeta al comportamiento del mercado financiero y además impide garantizar una vejez digna.
Bueno, pues algo parecido estipulaba la ley de 2018 que fue abrogada por los diputados en el Congreso local, apenas cuatro meses después de su aprobación.
Contenía, también, una innovadora figura legal denominada “Copago” en donde los patrones se convertían en deudores solidarios de sus trabajadores, en el caso de que presentaran alguna enfermedad crónico-degenerativa como el cáncer, la insuficiencia renal o la diabetes, padecimientos que representan una grave sangría para el ISSEMyM por el alto costo de los tratamientos.
Todo eso fue derogado por los legisladores y desde entonces el ISSEMyM padece de una severa crisis financiera, agravada por el creciente número de pensionados y pensionistas que en este sexenio llegará a las cien mil personas; al momento los números de este sector llegan a 87 mil 103 beneficiarios. Es un barril sin fondo y no hay recursos que alcancen, ya que en este momento destina más de mil millones de pesos al pago de este rubro.
Para que nos demos una idea de lo que representa, en la última década, el número de pensionados y pensionistas se incrementó 233 por ciento; la institución pasó de 29 mil 866 personas en 2009 a 66 mil 870 beneficiados al cierre de 2019.
Al igual que el ISSSTE, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios se enfrenta al gigantismo del sector pensiones, que afecta a sus más de 815 mil derechohabientes en temas de salud, sobre todo, pues padece desabasto de medicamentos y la atención de especialidades, que era uno de sus orgullos, se ha diferido bastante.
Trascendió que en el Congreso del Estado de México ya analizan con bastante seriedad este tema para solucionarlo a fondo y evitar la depauperación de sus servicios y su quiebra financiera. Pero ya fue instrucción directa de la gobernadora Delfina Gómez.
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