En momentos de cambio, generalmente hay dos opciones: afrontar el desafío que significa o mirar hacia otro lado y dejar que las cosas ocurran. Cuando se opta por lo segundo, las consecuencias pueden ser catastróficas; sin embargo, la primera opción implica templanza y fortaleza, visión y capacidad de adaptación.
Eso fue lo que significó la Reforma Judicial. En el Estado de México, a diferencia de otras entidades, se ha transitado ese proceso de transformación sin que se altere el ritmo de trabajo en el Poder Judicial mexiquense.
Cuando se aprobó la Reforma, se definió que hubiera una Presidencia de Transición, a fin de ajustar los tiempos al proceso clave que se estableció: la elección de personas juzgadoras, así como de magistradas y magistrados. Un total de 90 cargos que se sometieron al voto popular, a fin -se planteó en su momento- de romper una estructura que se mantenía cerrada a la entrada de personas ajenas que no tuvieran -estrictamente- la carrera judicial.
Se pensó que al definir a una persona como titular del Poder Judicial de manera interina, se haría una gestión de “mero trámite”, donde su papel se ajustaría a solo cuidar la casa. Sin embargo, había un riesgo latente: que la gente que actualmente (y en ese momento) labora en el Tribunal Superior de Justicia se opusiera al proceso y que pudiera detenerse el trabajo jurisdiccional tan importante para cientos de miles de personas.
Previo a ello, era necesario coordinar el trabajo con los poderes Ejecutivo y Legislativo, a fin de cumplir con el procedimiento establecido en la reforma y definir un Comité de Selección, el cual se encargó de depurar los perfiles que eventualmente podrían obtener una candidatura y, posteriormente, hacer campaña en busca del voto popular. Tampoco hubo complicaciones, todo ocurrió con normalidad y el proceso electoral transcurrió sin incidentes.
Incluso, en el Poder Judicial se tomaron las decisiones adecuadas para “blindar” a la institución y se evitaron procedimientos legales que pusieran en duda la imparcialidad del Tribunal Superior de Justicia. El Consejo de la Judicatura realizó los análisis pertinentes y expidió los acuerdos necesarios para que no se cometieran actos ilegales que empañaran el proceso electoral.
Adicional a lo anterior, el PJEdomex operó con absoluta normalidad e incluso, a pesar de lo que muchos pensaban, se fortaleció. Eso fue posible gracias al liderazgo que asumió el presidente, Fernando Díaz Juárez, quien asumió la responsabilidad por decisión -unánime- de sus compañeras magistradas y magistrados, quienes lo eligieron el 7 de enero para que presidiera tanto el Tribunal Superior de Justicia, como el Consejo de la Judicatura. (El último Consejo que funcionará, porque a partir del 5 de septiembre cambiarán las circunstancias y ese órgano colegiado desaparecerá).
Su gestión permitió disminuir la incertidumbre que significó la instrumentación inicial de la Reforma Judicial, de manera que sus funciones sustantivas no se han detenido en materia jurisdiccional (civil, mercantil, familiar, penal y laboral), ni en mediación, conciliación y justicia restaurativa, ni se han suspendido los servicios que ofrece. Solamente debieron acatar la “veda electoral”, que por primera ocasión debió atender el Poder Judicial.
En este periodo, Díaz Juárez ha marcado un perfil de cercanía con el personal de los diferentes juzgados y salas del Poder Judicial, impulsa decididamente la Justicia Abierta, fortalece la atención a grupos indígenas y afromexicanos, y mantiene disciplina administrativa y financiera en la institución. Impulsó de manera destacada la coordinación entre el Poder Judicial y diferentes áreas del gobierno estatal e instancias como la Cruz Roja, para asuntos de mediación, protección del ambiente, atención a personas vulnerables, entre otras acciones que significan, por sí mismas, un legado relevante.
El martes, de manera inédita, el presidente Díaz Juárez recibió el reconocimiento de la gobernadora, Delfina Gómez Álvarez; de la Secretaría de Seguridad estatal y de la Fiscalía General de Justicia.
En el Salón del Pueblo se realizó una ceremonia -que nunca antes había ocurrido- en la cual la mandataria estatal entregó un reconocimiento al presidente y calificó la conducción de Díaz Juárez, en esta etapa, como un pilar en el fortalecimiento institucional y lo definió como “un líder respetuoso, dialogante y firme en el cumplimiento de la ley y el bienestar de la ciudadanía”.
Reconoció que él contribuyó al trabajo entre poderes como una responsabilidad compartida para avanzar en una transformación de fondo que exige la sociedad, y abonó por “tener instituciones más cercanas, más humanas y verdaderamente al servicio de la gente".
A su vez, el Fiscal General de Justicia, José Luis Cervantes Martínez, reconoció la valentía del presidente del Poder Judicial, porque enfrentó con determinación el desafío de la transformación institucional. Destacó su capacidad para marcar un rumbo claro y su sensibilidad ante la legítima exigencia de justicia por parte de la población mexiquense.
Todo indica que la gestión de Fernando Díaz Juárez, que algunos -equivocadamente- consideraban como de “mero trámite”, dejará huella y sentará un precedente para la nueva etapa que iniciará el próximo 5 de septiembre. Honor a quien honor merece.
Síguenos en nuestras redes sociales:
Instagram: @eluniversaledomex, Facebook: El Universal Edomex y X: @Univ_Edomex