Segunda parte
El gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez tiene la firme decisión de sanear al Instituto de Seguridad Social del Estado de México, porque en este momento existen riesgos reales de que interrumpa los servicios médicos que presta a sus más de 800 mil derechohabientes.
El secretario de Finanzas, Óscar Flores Jiménez, reconoció la necesidad de implementar un programa integral que contemple un nuevo modelo de aportaciones solidarias y progresivas y una reforma a la Ley de Seguridad Social, así como acciones firmes en defensa jurídica y una fiscalización responsible.
Estas acciones se enmarcan en tres principios: honestidad, justicia social y responsabilidad fiscal para darle viabilidad al ISSEMyM durante varios años más, porque en el gobierno estatal se ha asumido el rescate del organismo como una política de Estado, sin simulaciones ni evasiones.
Hay que poner en contexto que el ISSEMyM enfrenta una crisis estructural y financiera severa, evidenciada por el agotamiento de sus reservas desde 2024 y por la presión que representa el pago de más de cien mil pensiones al mes.
En este momento se mantiene gracias a una transferencia de recursos desde el gobierno estatal, pero la crisis financiera ha originado desabasto de medicamentos, y retrasos críticos en la autorización de pensiones, lo que hace insostenible su viabilidad financiera.
Además, enfrenta adeudos millonarios por parte de municipios y organismos descentralizados como el Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México, que debe más de 5 mil millones de pesos y aunque el director de esa corporación, Carlos Javier Álvarez Cárdenas, anunció que empezarán a liquidar ese débito con pagos mensuales de 80 millones de pesos, eso no liquidará todo ni representa un alivio para el ISSEMyM que paga más de mil millones de pesos al mes por concepto de pensiones. Deben ser todos los deudores quienes se pongan al corriente.
El Instituto fue creado en 1969 y es el tercer organismo de seguridad más grande del país, sólo detrás del IMSS y del ISSSTE. Su población a atender es de más de 829 mil personas, de las cuales 377 mil 945 son trabajadores en activo que, en teoría, sostienen el pago de las jubilaciones, lo que desde hace algunos años ya no es exacto.
En 2024 se agotaron sus reservas financieras y desde entonces el gobierno estatal ha incrementado el presupuesto del organismo con recursos estatales. Para que nos demos una idea de la magnitud del problema, en 2020 sus ingresos fueron de 25 mil 152 millones de pesos, pero en 2025 ascendió a 44 mil 030, la mitad de los cuales se fueron en el pago de pensiones.
En este momento, los Poderes Judicial y Legislativo trabajan de la mano en el estudio y análisis de una reforma a la Ley de Seguridad Social, con el consenso de sindicatos y de la Unión de Pensionados y Pensionistas, para lo cual se realizarán varios foros de discusión, según lo dio a conocer el presidente de la Junta de Coordinación Política de la 62 Legislatura, Francisco Vázquez Rodríguez.
En 2018, el gobierno de Alfredo Del Mazo Maza propuso una iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Social que incluía incrementos en el pago de cuotas y aportaciones e incluía elementos novedosos como la figura de copago, mediante el cual el gobierno estatal, los organismos descentralizados y los municipios se comprometían a responsabilizarse de los pacientes con enfermedades crónicas.
También se consideró que los trabajadores de nuevo ingreso ya no tendrían derecho a pensionarse, como una medida para evitar la sobrepoblación de pensionados y quitarle presión al Instituto; estos nuevos trabajadores aportarían a una Afore de su elección para su jubilación.
Esa ley se aprobó en agosto, pero fue derogada en noviembre de ese mismo año; ahora, el gobierno estatal enfrenta la responsabilidad de evitar la quiebra financiera del ISSEMyM y este año será crucial para el destino del instituto, que fue ejemplo durante muchos años de seguridad social en el país.
Síguenos en nuestras redes sociales:
Instagram: @eluniversaledomex, Facebook: El Universal Edomex y X: @Univ_Edomex