En el Estado de México, emprender no es sólo cuestión de tener una buena idea y valor para ejecutarla, es sobrevivir a una carrera de obstáculos que arranca antes de abrir la puerta del negocio.
Desde Toluca hasta Nezahualcóyotl, pasando por Naucalpan, Ecatepec y Atlacomulco, el enemigo no siempre es la competencia, muchas veces es la propia ventanilla gubernamental. Abrir una pequeña empresa aquí puede sentirse como protagonizar un maratón sin meta visible.
El uso de suelo que debería estar listo en días puede tardar meses; las licencias, que en el discurso oficial se prometen en “ventanilla única”, se tramitan en tres o cuatro oficinas distintas; y si el sistema “se cae”, el trámite reinicia como si fuera un videojuego… pero sin vidas extra. La falta de digitalización es un ancla en pleno 2025.
Hay ayuntamientos que exigen comprobantes impresos, copias certificadas y cartas de no adeudo que podrían obtener con un clic, pero que, por alguna razón mágica, necesitan ver en papel. Mientras tanto, el emprendedor paga renta, servicios y nómina por un negocio que todavía no puede operar.
En Ixtapaluca, por ejemplo, un joven decidió abrir un pequeño gimnasio de barrio. Invirtió en equipo, rentó un local y se inscribió en cursos de capacitación para entrenadores. Cuatro meses después esperaba el permiso de Protección Civil, porque el inspector “solo venía los miércoles” y uno de esos miércoles “tuvo que ir a un evento”. El gimnasio abrió, sí, pero con el permiso “en trámite” y una bonita advertencia pegada en la puerta.
En Valle de Bravo, una pareja quiso abrir una tienda de productos orgánicos para atender al creciente turismo. Entre uso de suelo, licencia de funcionamiento y certificado de salubridad, sumaron seis visitas al municipio y dos a Toluca. Cuando finalmente tuvieron todo listo, la temporada alta ya había pasado. “Por lo menos nos quedó experiencia”, dicen, con esa sonrisa resignada que ya es parte del kit de supervivencia mexiquense.
Estos casos no son excepcionales. Según el Observatorio Económico Mexiquense, 8 de cada 10 negocios cierran antes de dos años y uno de los principales motivos es el exceso de trámites y costos regulatorios. Paradójicamente, esta maraña no reduce la informalidad; al contrario, la alimenta. Más de la mitad de la economía del estado es informal, porque, para muchos, es más sencillo arriesgarse a una multa que a la ruina lenta de las filas y sellos.
El gobierno estatal ha presumido programas como el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), pero su aplicación es desigual. En algunos municipios, la promesa de abrir un negocio en 72 horas es casi real; en otros, es un mito urbano, como el Chupacabras, pero con menos emoción.
La solución no requiere un acto de magia: procesos claros, tiempos reales y plataformas digitales que funcionen de verdad. El Edomex tiene ubicación estratégica, mercado y talento; lo que le falta es entender que detrás de cada carpeta de documentos hay un empleo que no se crea y un impuesto que no se recauda. Mientras las presidencias municipales sigan llenas de sellos, firmas y trámites que parecen diseñados para probar la paciencia humana, la ecuación seguirá siendo la misma: emprender o morir. Y la burocracia, con su sonrisa de ventanilla, seguirá ganando.
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