Redimensionar la movilidad implica transitar de un concepto meramente de desplazamiento para entenderla como un componente esencial en la vida pública y social; es hablar de derechos humanos, de equidad e igualdad. Bajo esa lógica, la reciente reforma al Reglamento de Tránsito del Estado de México (2025), impulsada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, trasciende del ámbito administrativo, se trata de una apuesta integral para replantear la forma en que se organiza y ejecuta un sistema de movilidad incluyente, sustentable y justo, en donde nadie quede atrás.
Esta visión se alinea con el proyecto de nación que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: un país en el que la movilidad no sea un privilegio, sino un derecho que fortalezca la justicia social. Porque cuando hay más movilidad, hay más oportunidades y menos desigualdades.
Lejos de ser una actualización técnica, este nuevo reglamento redefine la relación entre ciudadanía, Estado y espacio público. Su piedra angular es la jerarquía vial: el peatón y el ciclista son los usuarios más vulnerables y, por tanto, los más prioritarios. Para entrar en materia podemos definir las contribuciones de este reglamento en dos grandes ejes:
La seguridad es primero.
El nuevo esquema no improvisa. Parte de un diagnóstico claro: la siniestralidad vial no es una fatalidad, es un fenómeno prevenible. Por ello, el Edomex adopta medidas específicas que el gobierno federal pretende escalar al plano nacional.
Protección al vulnerable: La prohibición de transportar niñas, niños o adolescentes en motocicletas cuando no puedan sujetarse o apoyar sus pies adecuadamente es, más que una norma, una medida de salud pública. No se trata de limitar libertades, sino de garantizar la integridad física de quienes dependen de los adultos para su movilidad.
Regulación sin confiscación: El uso obligatorio de cascos certificados con estándares internacionales (NOM-206-SCFI/SSA2-2018, UN R.22.05 o FMVSS 218) refleja un enfoque técnico y responsable. Se exige calidad, pero también se da certidumbre jurídica al ciudadano. La norma protege y educa, no castiga ni confisca.
Orden y tecnología: La prohibición de invadir carriles confinados o ciclovías, junto con la vigilancia automatizada, marca el paso hacia un modelo de movilidad inteligente. La transparencia es clave: las autoridades deberán publicar la ubicación de dicho puntos, evitando a toda costa la corrupción. El mensaje es claro: no se busca recaudar, sino ordenar.
De la multa excluyente a la inversión social
Sin duda, el combate a la corrupción centra su lógica en este punto, anteriormente se han hecho modelos que no contemplan un uso eficaz de los recursos, generando opacidad en el ejercicio de las multas, por ello, uno de los ejes más innovadores de esta reforma es su visión redistributiva.
Los recursos obtenidos por sanciones ya no se quedarán en fondos generales, sino que se destinarán directamente a mejorar la infraestructura vial, peatonal y ciclista. Así, cada multa se transforma en una banqueta rehabilitada, una ciclovía segura o un cruce peatonal digno.
Se trata de un círculo virtuoso: quien infringe la norma contribuye a mejorar el entorno que compartimos. El modelo no castiga, educa; no sanciona por sancionar, sino que convierte el error en oportunidad para construir comunidad y justicia social.
El nuevo esquema de sanciones introduce criterios de proporcionalidad: cada falta tendrá una graduación —mínima, media o máxima— según el historial del conductor. Se incentiva el pronto pago, la educación vial y la responsabilidad ciudadana. En suma, la norma es firme, pero justa; técnica, pero profundamente humana.
Apuntes finales
El Reglamento de Tránsito del Edomex 2025 no es solo un compendio de artículos; es la materialización de la transformación de la movilidad. La Presidenta Sheinbaum ha señalado reiteradamente que la movilidad segura, sustentable y equitativa será un eje de su administración. Con esta reforma, el Edomex se convierte en el primer territorio de aplicación práctica de esa visión.
En conclusión la nueva regulación mexiquense representa un cambio sistemático de la movilidad como un derecho humano. No se trata de autos ni de multas; se trata de vidas, de salud, de espacio público.
La Gobernadora Delfina Gómez no sólo reformó un reglamento: sentó las bases de una movilidad más justa, segura y humana, alineada con el proyecto nacional de transformación.
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