En el Estado de México, hablar de desarrollo económico es, inevitablemente, hablar de trámites, largos plazos, permisos que no llegan… es, en una sola palabra, burocracia.

Para abrir un restaurante, una tienda, una pequeña planta de producción o una empresa de servicios, el camino suele estar lleno de obstáculos que poco tienen que ver con la iniciativa, la inversión o el talento. Uno de los más grandes: la mal entendida “autonomía municipal”.

La Constitución mexicana otorga a los municipios la facultad de administrar sus propios asuntos. Esto, tendría que ser positivo. Pero en la práctica, dicha autonomía ha generado un ecosistema desarticulado, sin reglas homogéneas, con visiones discordantes en unos cuantos kilómetros de distancia, donde cada ayuntamiento establece sus propios criterios, tiempos y requisitos para trámites esenciales como licencias de funcionamiento, uso de suelo, protección civil o conexión a servicios.

¿Qué significa esto para los empresarios? Que quien quiere invertir en el Edomex no sólo necesita un plan de negocios sólido, sino también la paciencia de un santo y, muchas veces, “ayuda externa” o gestoría con acceso a oficinas donde los trámites se mueven por fuera del cauce institucional. Esto no solo desalienta la inversión, sino que alimenta prácticas de corrupción, informalidad y exclusión económica.

Peor aún, cuando un empresario enfrenta trabas, abusos o irregularidades en un municipio, el gobierno estatal no puede intervenir directamente. La autonomía municipal le ata las manos. El empresario queda solo. Aislado. Vulnerable.

Y así, lo que debería ser una red de 125 motores económicos en los municipios se convierte en un juego de serpientes y escaleras donde unos suben y a otros les toca perder. Mientras algunos ayuntamientos son ágiles y abiertos, otros operan bajo esquemas obsoletos, sin transparencia ni vocación de servicio.

Este modelo genera desigualdad territorial, limita la generación de empleos formales, reduce la captación fiscal y entorpece la modernización del Estado de México como polo económico nacional. Es momento de cuestionarnos: ¿la autonomía debe ser excusa para la ineficiencia? O más aún, es un concepto que resulta tierra fértil para aplicar la Ley de Herodes.

No se trata de debilitar a los municipios, sino de construir un nuevo pacto de colaboración regulatoria, donde la eficiencia, la transparencia y la coordinación sean la regla. El Estado necesita una Ley de Mejora Regulatoria Vinculante, sí: vinculante, una que no solo estandarice los procesos, sino que se convierta en una verdadera ventanilla de respaldo cuando las puertas se cierran y transforme lo que hoy es un camino interminable de trámites… una herramienta que funcione como un puente hacia la inversión, la formalidad y el bienestar empresarial.

Una ley que ayude a dejar atrás la informalidad sin miedo a multas excesivas ni pagos ilógicos. Que acompañe, en lugar de castigar. Que fortalezca al empresario como agente de desarrollo, no como adversario del sistema.

Necesitamos municipios aliados del desarrollo, no muros administrativos que desmotivan al emprendedor. Porque cada negocio que no abre, cada inversión que se detiene es una oportunidad perdida para mejorar la vida de miles de mexiquenses.

Si de verdad queremos un Estado de México competitivo, justo y moderno, la pregunta ya no es si podemos mejorar la relación entre municipio y empresario. La pregunta es: ¿cuánto más vamos a perder si no lo hacemos?

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