Cecilia Moreno Luna

Las víctimas también tienen derechos: ¿quién protege a quienes sufren una injusticia?

Justicia con sensibilidad

“Conocer nuestros derechos es el primer paso para exigir que se cumplan”.

¿Alguna vez te has preguntado qué derechos tienes si eres víctima de un delito, si alguien te agrede, te defrauda, te causa un daño o pone en riesgo tu patrimonio?

Cuando atravesamos una situación de este tipo, es natural sentir miedo, incertidumbre o preocupación. Sin embargo, a esas emociones muchas veces se suma algo más: desconocemos qué podemos exigir, a dónde acudir y qué autoridades tienen la obligación de protegernos.

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Lo primero que debemos saber es que las víctimas también tienen derechos y la justicia debe garantizar que se respeten.

En México, la Constitución y las leyes reconocen que toda persona que ha sufrido un delito tiene derecho a ser escuchada, recibir orientación y asistencia jurídica, conocer lo que sucede con su caso, aportar pruebas, participar en el proceso y solicitar la reparación del daño. También existen medidas para proteger su integridad, resguardar su identidad y datos personales en los casos previstos por la ley, así como mecanismos para inconformarse con determinadas decisiones de las autoridades.

Pensemos, por ejemplo, en alguien que sufre un robo, una agresión o un fraude. Esa persona no solamente tiene derecho a presentar una denuncia. También puede solicitar protección cuando exista algún riesgo, recibir atención médica o psicológica cuando la necesite, conocer los avances de la investigación y exigir que se investiguen los hechos y, cuando corresponda, se repare el daño ocasionado.

Pero las situaciones que afectan nuestros derechos no siempre están relacionadas con un delito.

En la vida cotidiana también podemos enfrentar problemas que afectan nuestros bienes o patrimonio, incumplimientos de obligaciones o daños provocados por otras personas. Para estos casos, la justicia civil ofrece mecanismos que permiten reclamar lo que legalmente nos corresponde, solicitar una compensación o buscar la solución de un conflicto.

En cualquiera de estos escenarios hay algo fundamental: acudir a una institución para buscar justicia no debería convertirse en una experiencia que aumente el sufrimiento de quien ya enfrenta una situación difícil.

Las personas necesitan ser escuchadas, recibir explicaciones claras y encontrar autoridades que las traten con respeto, sensibilidad y empatía.

Porque impartir justicia no consiste únicamente en aplicar las leyes y resolver expedientes. También significa comprender que detrás de cada asunto existe una persona, una familia y, muchas veces, una historia de dolor, preocupación o incertidumbre.

En el Estado de México se han impulsado cambios importantes para fortalecer la protección de las víctimas. Uno de ellos, publicado en septiembre de 2025, pone especial atención en los derechos de niñas, niños y adolescentes que han sufrido algún delito.

La importancia de este avance radica en reconocer que, cuando una niña, un niño o un adolescente enfrenta una situación de violencia, no basta con investigar lo sucedido. También es indispensable brindarle protección, acompañamiento especializado y atención adecuada a su edad y necesidades emocionales, evitando que vuelva a sufrir durante su contacto con las instituciones.

Una niña o un niño que ha vivido violencia necesita encontrar personas adultas y autoridades que le escuchen, tomen en serio lo que expresa, consideren su opinión en las decisiones que le afectan y le ayuden a recuperar la tranquilidad, siempre con respeto a sus derechos y a las garantías del proceso.

Este es un ejemplo de por qué la justicia necesita tener un rostro humano.

Sin embargo, existe otro aspecto del que pocas veces hablamos y que, aunque puede parecer un simple trámite, tiene consecuencias importantes.

No basta con que los derechos estén escritos en la ley; es necesario que existan las condiciones para ejercerlos.

En mi experiencia dentro de la impartición de justicia, hay situaciones que demuestran cómo un detalle aparentemente sencillo puede influir en el desarrollo de un proceso penal.

Pensemos en una persona que acude al Ministerio Público para denunciar un delito. En ese momento, además de escucharla y recibir su denuncia, es fundamental que la autoridad registre correctamente sus datos de identificación, domicilio y algún medio para localizarla o enviarle notificaciones.

¿Por qué es tan importante?

Porque durante la investigación y el juicio puede ser necesario que esa persona comparezca ante un juez, proporcione información, participe en alguna diligencia o conozca las decisiones que se toman sobre su caso.

Si las autoridades no cuentan con los datos necesarios para localizarla, es posible que no pueda ser citada y, en consecuencia, que no participe en actuaciones importantes del proceso.

Esto no es un asunto menor. En determinados casos, su ausencia puede impedir que se escuche directamente su testimonio o que se incorporen elementos de prueba relevantes. Y cuando las pruebas no son suficientes para demostrar la responsabilidad penal de una persona, el resultado puede ser una sentencia absolutoria.

Por supuesto, toda sentencia debe dictarse conforme a las pruebas y con pleno respeto a la presunción de inocencia. Pero precisamente por eso es tan importante que desde el inicio se cuide cada aspecto del procedimiento y se garantice a las víctimas la oportunidad de ejercer sus derechos.

Parecería lógico pensar que siempre se registran correctamente estos datos, pero la realidad nos demuestra que no necesariamente ocurre así.

En ocasiones, por la urgencia de presentar una denuncia o por las circunstancias emocionales en las que se encuentra la víctima, esta acude sin identificación, no proporciona un domicilio o medio de contacto, o se compromete a entregar esa información posteriormente.

El problema aparece cuando no regresa o cuando, con el paso del tiempo, cambia de domicilio o número telefónico sin comunicarlo. Entonces, localizarla puede volverse muy difícil.

Y lo que inicialmente parecía un detalle administrativo puede terminar afectando el desarrollo de una investigación o de un juicio.

Por eso, desde el primer contacto, las autoridades tienen la responsabilidad de solicitar y registrar adecuadamente los datos necesarios, explicar para qué se requieren y hacer saber a las víctimas la importancia de mantenerlos actualizados.

Cuando se trata de niñas, niños o adolescentes, también deben recabarse los datos correspondientes de sus madres, padres, tutores o representantes legales, según el caso, para facilitar su localización y garantizar su participación y protección conforme a la ley.

Pero esta responsabilidad no corresponde únicamente a las autoridades.

Las víctimas también tienen un papel importante: proporcionar los medios necesarios para ser localizadas y comunicar oportunamente cualquier cambio de domicilio o de contacto. Esto permite que reciban las notificaciones y conozcan las actuaciones y resoluciones que les afectan.

De igual manera, quienes desempeñan la función de asesores jurídicos deben acompañarlas y explicarles, con palabras sencillas, cuáles son sus derechos, cómo pueden ejercerlos directamente y por qué es importante que estén debidamente identificadas dentro del proceso y cuenten con medios propios para recibir notificaciones, independientemente de las que reciba su asesor jurídico.

Porque tener derechos también significa conocer cómo ejercerlos y qué acciones son necesarias para hacerlos valer.

Una justicia cercana y humana no solamente debe escuchar a quienes buscan protección; también debe orientarles, acompañarles y procurar que ningún descuido, omisión o falta de información se convierta en un obstáculo para acceder a ella.

La justicia también está para proteger a quienes han sufrido una injusticia. Y esa protección comienza desde el primer momento en que una persona se acerca a una institución en busca de ayuda.

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