Las elecciones recientes para renovar al Poder Judicial marcaron un antes y un después en la historia democrática de nuestro país. Por primera vez, el pueblo mexicano tomó la voz y decidió quién debe impartir justicia, dejando atrás la vieja idea de un Poder Judicial encerrado en una torre de cristal, desconectado de la realidad y al servicio de intereses particulares.

Durante años hemos sido testigos de cómo la justicia se vuelve un lujo inaccesible para la mayoría. Casos de corrupción, resoluciones arbitrarias y favoritismos institucionalizados han minado la confianza ciudadana. No podemos seguir aceptando que la justicia castigue a los más vulnerables y blinde a los poderosos. La sociedad exige un cambio real: una justicia cercana, transparente y verdaderamente justa.

La reforma que permitió la elección directa de jueces y magistrados es un acto de valentía y de profundo compromiso democrático. Algunos sectores han tratado de desacreditarla, argumentando que “politiza” la justicia, pero lo cierto es que esa justicia ya estaba politizada desde hace mucho tiempo, solo que a puerta cerrada y en beneficio de unos cuantos. Lo que hoy buscamos es devolverle legitimidad y que quienes juzgan respondan a la ciudadanía, no a pactos oscuros o cúpulas inalcanzables.

Desde mi espacio en la Legislatura del Estado de México respaldo con total convicción esta transformación. Sé que no será sencillo: habrá resistencias, intentos de desprestigio y muchas dudas, pero el llamado de la ciudadanía es claro y no podemos ignorarlo. Es nuestro deber dar pasos firmes para responder con acciones concretas a ese clamor por justicia verdadera.

Sin embargo, este proceso electoral no es el final del camino, es apenas el inicio de una nueva etapa. La reforma judicial no puede reducirse solo a la elección popular de jueces y magistrados. La visión de una nueva justicia debe ser adoptada por todas y todos los integrantes del Poder Judicial, con un profundo compromiso ético y social.

A ello debe sumarse una coordinación estrecha y real entre los tres poderes del Estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— para resolver los problemas más urgentes que afectan a la población: la seguridad pública, la regularización de predios, el acceso a la justicia, el cumplimiento de derechos fundamentales como la alimentación, y la protección efectiva a los sectores más vulnerables como niñas, niños, jóvenes y personas adultas mayores.

Esto implica también que los tres poderes deben garantizar que sus instituciones operen de forma adecuada y eficaz. Los ministerios públicos, por ejemplo, deben transformarse en verdaderas instancias de justicia pronta, cercana y sin corrupción. Es necesario revisar sus procesos, capacidades y mecanismos de rendición de cuentas.

Además, se debe promover la paz social mediante mecanismos que fomenten el diálogo, la resolución alternativa de conflictos y la tranquilidad comunitaria. Un sistema de justicia no solo debe castigar, también debe prevenir y construir comunidad.

Un compromiso serio con la justicia demanda también un exhaustivo análisis —entre los tres poderes— sobre la individualización y proporcionalidad de las penas, garantizando que el castigo penal no sea excesivo ni discriminatorio, y que se adapte a cada caso con enfoque de derechos humanos.

Asimismo, los tres poderes deben aportar a la reconfiguración profunda del sistema penitenciario mexicano, que hoy reproduce desigualdad, hacinamiento y violencia, cuando debería enfocarse en la rehabilitación, la reintegración y la dignidad de las personas privadas de libertad.

Y por supuesto, defender la soberanía de México debe ir de la mano con una atención prioritaria a las regiones del país que hoy viven en conflicto. No podemos permitir que haya territorios olvidados o entregados al crimen. Los tres poderes deben asumir su responsabilidad para garantizar justicia, seguridad y paz en todos los rincones del país.

Son muchos los pendientes, sí, pero también es enorme la oportunidad histórica que tenemos. Porque los mexicanos y mexicanas merecen saber que una reforma judicial no se agota en las urnas. La transformación apenas comienza, y requiere compromiso, inteligencia institucional y voluntad política real.

Si queremos un México más justo, debemos apostar por una justicia que nazca del pueblo, trabaje para el pueblo y esté al servicio de la comunidad. Esa es la justicia ciudadana que hoy comienza a construirse, y por ella seguiremos trabajando.

Síguenos en nuestras redes sociales:

Instagram: @eluniversaledomex, Facebook: El Universal Edomex y X: @Univ_Edomex.