La elección de integrantes del Poder Judicial que tendrá lugar el próximo 1 de junio representa un paso significativo hacia la apertura institucional en México. Este ejercicio, sin precedentes en nuestra historia reciente, busca acercar a la ciudadanía a decisiones que por mucho tiempo se mantuvieron lejos del escrutinio público. Sin embargo, el entusiasmo que despierta esta transformación también viene acompañado de preguntas legítimas sobre los retos y requisitos del proceso.
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el relativo a la observación electoral. Para muchas personas interesadas en contribuir con su mirada ciudadana, el camino hacia esa participación ha resultado más complejo de lo esperado. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha establecido una serie de cursos y evaluaciones para quienes desean desempeñar este rol, con el objetivo de asegurar que los observadores cuenten con los conocimientos necesarios para entender e interpretar adecuadamente un proceso de gran sensibilidad.
Desde esa perspectiva, los requisitos no buscan excluir, sino profesionalizar la participación. Al tratarse de una elección que involucra aspectos técnicos y jurídicos, resulta comprensible que se exija un nivel de preparación mínimo. El curso, compuesto por siete módulos y una evaluación final, pretende asegurar que quienes intervengan como observadores estén informados y capacitados, para que su contribución sea efectiva y constructiva.
Sin embargo, es importante también reconocer que la percepción de dificultad puede desalentar a ciudadanos con genuino interés por participar. Algunos testimonios refieren que el margen de error permitido en los exámenes es muy reducido, y que ciertos criterios para la aceptación de solicitudes han sido interpretados con excesiva rigidez. Detalles menores, como errores de forma o redacción, han derivado en rechazos que podrían parecer desproporcionados frente al espíritu inclusivo que inspira este ejercicio.
La magistrada Janine Otálora ha señalado recientemente que una elección judicial por voto popular no garantiza por sí sola la transformación institucional. Sus palabras invitan a reflexionar sobre la necesidad de diseñar procesos que no solo sean legalmente sólidos, sino también percibidos como transparentes, accesibles y equitativos. Para ello, podría ser útil revisar la forma en que se aplican los filtros técnicos, de modo que la exigencia no se convierta, sin querer, en una barrera.
La intención de fortalecer la confianza en nuestras instituciones debe ir acompañada por un esfuerzo por incluir a más personas en su vigilancia y evaluación. Promover la observación electoral es, en ese sentido, un acto de coherencia democrática. Si bien la preparación es clave, también lo es brindar apoyo y orientación a quienes desean participar, especialmente si no provienen del ámbito técnico o jurídico.
Esta elección representa una oportunidad valiosa para avanzar hacia una justicia más cercana a la sociedad. Para lograrlo, es fundamental que los mecanismos de participación, aunque rigurosos, sean también comprensibles y justos. Equilibrar estos elementos fortalecerá la legitimidad del proceso y enviará un mensaje claro: todos y todas caben en la construcción de una democracia más profunda.
Democratizar el Poder Judicial no se trata solo de emitir un voto, sino también de abrir espacios para que la ciudadanía acompañe, observe y se involucre. El reto está en que ese acompañamiento no sea visto como una carga, sino como una invitación posible, clara y estimulante.
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