Las y los mexiquenses ya no sólo votan por diputaciones y presidencias municipales. El pasado 2 de junio, el pueblo también salió a elegir a sus magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Por primera vez en nuestra historia, esta decisión dejó de ser un acuerdo cupular entre élites del poder judicial y político, para convertirse en un mandato democrático que debe responder a la voluntad popular.
Este proceso no sólo cambió el quién, sino también el cómo: la presidencia del Tribunal será rotativa, con tramos de dos años y paridad de género. Así, las personas elegidas no llegarán a perpetuarse en el cargo, sino a rendir cuentas y servir de cara al pueblo mexiquense. La elección judicial, con todos sus retos, marca un nuevo precedente: que el Poder Judicial también debe democratizarse y estar al servicio del pueblo, no servirse de él.
El pasado 13 de junio, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) validó los resultados y anunció cómo quedará la presidencia rotativa:
- De 2025 a 2027 la presidirá Héctor Macedo García, quien obtuvo el mayor número de votos.
- De 2027 a 2029 corresponderá a Erika Icela Castillo Vega, reelecta por la Región Toluca.
- De 2029 a 2031 estará a cargo de Luis Fernando Camacho Lupercio, electo por la Región Texcoco.
- Y finalmente, de 2031 a 2033, se declaró vacante por razones de legalidad y paridad de género.
¿Y por qué vacante? Porque aunque otras mujeres obtuvieron más votos, no ganaron su respectiva magistratura regional, lo cual es un requisito constitucional para acceder a la presidencia. Para respetar el principio de paridad y alternancia de género —que obliga a que una mujer releve a un hombre— el Consejo General del IEEM optó por no llenar ese último periodo del cargo. Fue una decisión unánime y responsable, que antepuso el cumplimiento de la ley y la paridad.
Este nuevo modelo tiene virtudes que debemos defender. Impide la concentración del poder, garantiza la alternancia, da visibilidad al principio de paridad en todo, y sobre todo, obliga a quienes integran el Poder Judicial a actuar con ética y compromiso, sabiendo que ahora también tienen una legitimidad que se gana en las urnas y se sostiene con resultados.
Desde el Congreso, vigilaremos que este mecanismo no sólo sea una novedad electoral, sino una palanca real para transformar la justicia mexiquense, porque la legitimidad no se hereda ni se impone: se construye con confianza, se ejerce con responsabilidad y se rinde con resultados.
El pueblo mexiquense ya habló y hoy el nuevo Poder Judicial del Estado de México tiene rostro ciudadano. Es hora de que también tenga oídos y conciencia popular.
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