En muchos hogares, escuchamos que los hijos quieren independizarse... buscan un lugar, hacen cuentas y terminan posponiendo la decisión e incluso esa aspiración, ya que, entre la renta, el depósito, los servicios y el transporte, el sueldo empieza a agotarse antes de comprar la primera despensa. Y si bien, tener trabajo puede abrir una puerta, hace falta mucho para poder pagar lo que hay detrás de ella.
Como madre, me importa que nuestros hijos puedan construir una vida propia. Que estudiar, prepararse y trabajar les permita tomar decisiones con libertad. Me preocupa que les pidamos esfuerzo sin preguntarnos qué posibilidades reales encuentran cuando salen a buscar en dónde vivir.
La vivienda tiene que ocupar un lugar central en esa conversación, pues de ella dependen la distancia al trabajo, la posibilidad de seguir estudiando y el dinero disponible para atender una enfermedad; es decir, cuando una familia vive con la incertidumbre de cuánto pagará el próximo año o de si podrá renovar su contrato, también se vuelve difícil planear el futuro.
Por eso vale la pena mirar lo que se está discutiendo en el Congreso del Estado de México, con la iniciativa que pretende dar una mayor certeza al arrendamiento y limitar los incrementos de renta conforme a la inflación, facilitando a las juventudes el acceso a una vivienda mediante créditos preferentes, arrendamiento asequible y contratos de renta con opción a compra.
Estas iniciativas deben discutirse con beneficios reales, ya que colocan sobre la mesa una preocupación que merece respuestas: cómo lograr que quienes comienzan su vida laboral tengan alternativas habitacionales a su alcance.
Reconocer también el arrendamiento dentro de la política de vivienda me parece un paso necesario y urgente, pues hay personas que necesitan rentar porque cambian de empleo, estudian en otro municipio o aún no reúnen las condiciones para comprar y también ellas necesitan estabilidad y contratos claros; por lo que la dignidad de un hogar debe estar garantizada cualquiera que sea la forma de habitarlo.
La discusión exige escuchar a quienes rentan y a quienes ofrecen un inmueble. Para una persona propietaria, la renta puede ser parte de su sustento o de su retiro. Por eso hacen falta reglas comprensibles, obligaciones recíprocas y mecanismos accesibles para resolver conflictos. La certeza permite que ambas partes sepan a qué comprometerse.
También debemos preguntarnos dónde está la vivienda que una familia puede pagar. Un precio menor pierde parte de su ventaja si obliga a gastar más en transporte o a pasar horas lejos de los hijos. La política habitacional necesita coordinarse con los municipios para acercar servicios y conectar los lugares donde vivimos con aquellos donde estudiamos y trabajamos.
Y debemos incorporar la experiencia de las mujeres. Para una madre que sostiene su hogar, conseguir una vivienda accesible puede definir cómo organiza el cuidado de sus hijos. Para una mujer que busca salir de una relación de dependencia, contar con un lugar donde vivir puede ampliar su capacidad de decidir. Estas circunstancias deben considerarse al diseñar requisitos y apoyos.
Desde mi convicción en la transformación, creo que ampliar derechos implica crear las condiciones para ejercerlos. El debate legislativo ofrece una oportunidad, pero su resultado deberá acompañarse de presupuesto, coordinación y seguimiento. Habrá que revisar a quiénes alcanzan los programas y qué opciones encuentran quienes tienen ingresos variables o carecen de acceso a un crédito hipotecario.
Me gustaría que dejáramos de tratar la independencia de nuestros jóvenes como una cuestión que se resuelve únicamente con ganas, pues también nos corresponde construir condiciones para que su esfuerzo rinda y para que puedan formar un hogar sin vivir al límite cada mes.
Que cuando nuestros hijos hagan cuentas encuentren una posibilidad; que puedan imaginar su mesa, sus libros y una llave propia. Tener dónde vivir es parte de la tranquilidad que una sociedad debe ayudar a construir.
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