Esta ley, hecha a la medida para las esposas de algunos gobernadores (San Luis Potosí y Monterrey), me parece un juego político sumamente habilidoso, pero, sobre todo, oportunista. Se modifica la Constitución estatal y la Ley Electoral local para que, en 2027, únicamente puedan registrarse mujeres como candidatas a la gubernatura, justificándolo bajo el “principio de paridad” y/o la “alternancia de género”, con el argumento de corregir errores históricos. Honestamente, este razonamiento no se sostiene.
Garantizar la igualdad de género en los cargos públicos no debería convertirse en una imposición desde el poder. Lo que debe regir es la capacidad, la trayectoria y el mérito de las mujeres, no una maniobra legal diseñada para que los gobernantes en turno aseguren la sucesión de sus esposas, obedeciendo a intereses políticos personales muy específicos.
No es necesaria una ley hecha a la medida de las “esposas”. Existen ya diversos mecanismos establecidos por el Instituto Nacional Electoral (INE) que definen criterios claros y transparentes de paridad de género —aunque, desde mi punto de vista, aún perfectibles—. Forzar la paridad desde una reforma local con nombre y apellido no fortalece la democracia, la debilita.
Hablar de paridad de género en la política no es sencillo. Históricamente ha existido —y sigue existiendo— una brecha importante de desigualdad. En algunos casos, esta brecha se ha reducido gracias al respaldo de figuras masculinas con poder, como los esposos. Sin embargo, ese no es el mecanismo adecuado. Solo beneficia a unas cuantas —en este caso, a dos— y deja en indefensión a miles de mujeres que buscan una oportunidad por capacidad, experiencia o trayectoria propia.
¿Qué pasa con ellas? ¿Quedan excluidas por no tener un esposo que las impulse? ¿Dónde queda entonces la paridad? ¿Dónde queda la igualdad de oportunidades?
Claro que queremos paridad de género. Pero una paridad real, justa y equitativa. Queremos que la participación política de las mujeres, tanto en cargos de elección popular como en puestos de alta responsabilidad administrativa, sea resultado del mérito propio. Las mujeres no queremos concesiones disfrazadas de justicia; queremos reconocimiento a nuestras capacidades, habilidades y perfiles. Queremos ser más, sí, pero también queremos ser mejores, sin ser discriminadas ni utilizadas bajo el pretexto de una mal llamada “Ley esposa”.
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