Cada septiembre repetimos los nombres de quienes nos dieron patria. Encendemos luces, ondeamos banderas y gritamos ¡Viva México! con el orgullo de ser un país libre y soberano.
Pero vale la pena plantearnos una pregunta menos cómoda: ¿de verdad somos independientes? ¿Puede llamarse independiente una mujer que trabaja la tierra toda su vida, pero no tiene reconocido el derecho a decidir sobre ella?
La Independencia se consumó en 1821, pero la lucha por ejercerla plenamente no terminó entonces. En el campo sigue siendo una tarea diaria lograr que las mujeres reciban el reconocimiento legal de aquello que han trabajado durante años.
Ellas buscan certeza jurídica. Que una parcela esté a su nombre no es un trámite ni una concesión generosa: es patrimonio, autonomía y poder para decidir. Porque se lo han ganado. Porque la han trabajado.
La desigualdad agraria tiene raíces profundas. El Censo Agropecuario 2022 del INEGI mostró que solamente 19 de cada 100 personas responsables de unidades de producción agropecuaria eran mujeres. Eso no significa que ellas trabajen poco: día a día siembran, cuidan animales, administran el hogar, venden productos y sostienen a sus comunidades sin aparecer como titulares de aquello que producen.
Esa es una de las formas más antiguas de invisibilizarlas: ellas hacen el trabajo, pero los derechos no aparecen a su nombre.
Por eso importa la meta del Gobierno de México de reconocer, hacia 2030, derechos agrarios a 150 mil mujeres. Del 1 de septiembre de 2025 al 30 de junio de 2026 se entregaron 40 mil 498 documentos agrarios en beneficio de 23 mil 365 mujeres. Detrás de esas cifras hay una transformación concreta: mujeres que pueden heredar, solicitar apoyos, participar con voz propia en sus núcleos agrarios y defender jurídicamente la tierra que trabajan.
Tampoco se trata de idealizar. Un papel no corrige por sí solo siglos de desigualdad. Tener un certificado sin acceso a crédito, agua, asistencia técnica, caminos o mercados puede convertir un derecho reconocido en una promesa incompleta. La certeza jurídica abre una puerta; la política pública debe evitar que detrás de ella haya otro muro.
En el Estado de México, esta discusión toca una fibra muy nuestra. Quienes hemos caminado las comunidades mexiquenses lo sabemos: el campo todavía organiza buena parte de la economía, la alimentación y la vida familiar. Allí hay mujeres que se levantan antes del amanecer, conocen los ciclos de la lluvia y sostienen pequeñas unidades productivas mientras cuidan a niñas, niños y personas mayores. Su trabajo suele llamarse “ayuda”, aunque sin él muchas comunidades no funcionarían.
No, ellas no ayudan: producen. No acompañan el desarrollo rural: son parte esencial de él.
Por ello, reconocer los derechos agrarios de las mujeres es hacer justicia, pero también fortalecer la soberanía alimentaria. Una mujer con certeza sobre su tierra puede invertir, asociarse, innovar y decidir qué futuro quiere construir para ella y para sus hijas e hijos. Incluso puede contribuir a evitar que una parcela se abandone y que la única opción para las y los jóvenes sea irse.
En ese sentido, la responsabilidad de los municipios no puede reducirse a organizar ferias del productor. Como gobiernos más cercanos a la población, pueden identificar a quienes carecen de documentos, acercar asesoría jurídica, facilitar trámites, abrir espacios de comercialización y vincular a las productoras con programas estatales y federales. La transformación territorial se vuelve real cuando sale del escritorio y llega, con nombre y apellido, a la comunidad.
También debemos mirar dentro de los ejidos y de las familias. Durante generaciones se consideró natural heredar la tierra al hijo varón, aunque una hija la hubiera trabajado a la par o incluso más. Cambiar las leyes es indispensable; cambiar las costumbres también. La igualdad no amenaza al campo ni rompe a las familias. Las fortalece, porque distribuye con justicia responsabilidades, decisiones y patrimonio.
En estas fiestas patrias recordamos a Josefa Ortiz, Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra y a tantas mujeres relegadas durante años a unas cuantas líneas de la historia. Honrarlas no consiste únicamente en pronunciar sus nombres en septiembre, sino en impedir que las mujeres de hoy sean borradas de la historia que están construyendo.
La verdadera soberanía nacional no solo se defiende en las instituciones, sino también en la parcela, en el mercado local y en cada mesa donde hay alimentos producidos por manos mexicanas. Y la independencia de las mujeres se vuelve real cuando pueden decidir sobre su cuerpo, su tiempo, sus ingresos y también sobre la tierra.
Anoche volvimos a gritar ¡Viva México! Hagamos que ese grito no termine con los festejos, sino que se convierta en compromiso. Que viva el campo que nos alimenta. Que vivan las mujeres que lo sostienen. Y que llegue el día en que ninguna tenga que demostrar que la tierra también es suya, porque su nombre estará escrito en ella, con todos sus derechos reconocidos.
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