La administración de elecciones es, esencialmente, un problema de gestión de riesgos. En la organización de comicios, los institutos electorales deben blindar cada parte del proceso para mantener la integridad de las elecciones y la legalidad de los resultados. Típicamente, esto involucra cuestiones como vigilar las cadenas de custodia, fiscalizar campañas, garantizar seguridad en las casillas y nitidez de los cómputos de votos.

Pero en un mundo tan dinámico como el actual, los riesgos a las elecciones limpias y libres no se encuentran solo en el plano físico, sino también en el digital. De ahí que la agenda de discusión electoral ha abordado la difusión deliberada de desinformación como prioridad.

Por supuesto el mundo de la política siempre ha tenido que buscar mecanismos para distinguir la realidad de lo que no lo es. Lo novedoso es que las fake news elaboradas por humanos o por inteligencia artificial (IA) se han vuelto cada vez más difíciles de detectar. Su difusión está alcanzando magnitudes significativamente altas, a la par del debilitamiento de los medios de comunicación tradicionales que pocas medidas han podido implementar para desmentir.

Recientemente, la Relatora Especial de la ONU sobre Libertad de Opinión y Expresión presentó un Informe que enfatizó que oprimir estos derechos y diseminar información falsa pone en peligro los procesos electorales y la confianza en ellos. El reporte urge a los Estados a proporcionar información oportuna, precisa y pertinente para contrarrestar su tergiversación.

Para agravar el reto, se han detectado casos donde la desinformación se genera fuera de las fronteras nacionales del país con elecciones, lo que ha generado problemas en la aplicación de la norma. Favoreciendo a una u otra candidatura, la equidad en la contienda se puede ver vulnerada. Será necesario repensar los límites de las redes sociales para la praxis política más allá de la difusión de programas, reportes y avances de la agenda pública.

Lo digital es real y político: trasciende las fronteras del ciberespacio. Diversos países, entendiendo el problema de su falta de regulación, lo han trasladado a la esfera legislativa. Uno de los casos más recientes es el de Dinamarca, en donde se propuso modificar su ley de propiedad intelectual para que todas las personas tengan derecho sobre su cuerpo, voz y rasgos faciales. Francia actualizó su código penal para prohibir la diseminación de deepfakes sin el consentimiento de la persona objeto de esta IA. Por su parte, países como EUA, Reino Unido y Corea del Sur han implementado medidas proactivas contra la difusión de pornografía creada bajo esta modalidad.

Interesantemente, la desinformación no se limita a lo creado por la ciudadanía. Diversos estudios han encontrado que los chatbots más comunes de IA, en su mayoría dan respuestas equivocadas respecto a temas electorales. En un estudio de Democracy Reporting International sobre las elecciones en Ghana, sólo 24% de las preguntas fueron respondidas correctamente. Resulta urgente entender cómo las tecnologías de la información y las elecciones pueden mejorar la calidad de la democracia en lugar de conspirar en su detrimento.

Las tecnologías de la información han permitido avances importantes en materia electoral. Desde urnas electrónicas hasta plataformas como Conóceles han permitido fortalecer el principio de máxima publicidad del quehacer electoral. Pero si los Estados, empresas y sociedad civil no apuramos el paso para proteger la integridad de la información al alcance de la ciudadanía, la erosión de la confianza ciudadana seguirá siendo un riesgo latente.

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