Cada Día de las Madres replicamos y escuchamos discursos sobre amor incondicional, sacrificios y entrega. Pero detrás de éstos, hay una estructura económica que descansa sobre un trabajo de cuidados –muchas veces invisible y no remunerado– que hemos normalizado. Por eso, hablar de deuda soberana también implica discutir desigualdad de género.
Las finanzas públicas suelen presentarse como un asunto técnico, pero sus efectos invariablemente impactan en la vida cotidiana de millones de personas. Particularmente la de aquellas que, cuando el Estado se retrae, absorben silenciosamente los costos del ajuste.
Un reciente estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advierte que el creciente peso de la deuda en países en desarrollo está expandiendo las desigualdades estructurales y revirtiendo décadas de avances. El estudio concluye que el pago de la deuda externa que hacen los países, tiene un impacto desproporcional sobre la calidad de vida de las mujeres, ya que se generan recortes en los sistemas de salud y de cuidados.
La advertencia del organismo internacional es contundente: "la deuda soberana no es un problema matemático. Es un problema humano". Esta conclusión revela que buena parte de las consecuencias de las crisis fiscales terminan trasladándose directamente al espacio doméstico y familiar, recayendo principalmente sobre las madres.
El informe estima que estas dinámicas de retracción estatal ponen en riesgo el equivalente a 55 millones de empleos femeninos en el corto plazo. De transitar a una carga de endeudamiento alta, en el largo plazo, la cifra podría llegar a 92.5 millones de puestos de trabajo perdidos con una disminución de 17% en el ingreso per cápita de las mujeres. Para los hombres, el mismo estudio calcula pérdidas equivalentes a 18.5 millones de empleos en el corto plazo y 35.5 millones en el largo plazo sin impacto significativo en sus ingresos.
Las cifras muestran una diferencia de fondo: conforme aumentan las restricciones fiscales, más mujeres salen del empleo formal y son desplazadas hacia trabajos precarios e informales o hacia labores de cuidado no remuneradas, pero las consecuencias más alarmantes aparecen en materia de salud pública. El estudio estima que el servicio de la deuda puede provocar un incremento de 32.5% en la mortalidad materna en el largo plazo, equivalente a 67 muertes adicionales por cada 100 mil nacimientos.
La deuda no solo limita el gasto gubernamental. También reorganiza silenciosamente la distribución del tiempo, del trabajo y de las responsabilidades dentro de los hogares. Lo que para unas personas es una cuestión de restas y ahorros, para otras implica postergar proyectos, dejar empleos, cuidar sin apoyo o enfrentar servicios públicos de mala calidad.
La estrategia es poco sostenible. La salida de mujeres del empleo formal reduce la base tributaria y limita la capacidad recaudatoria de los Estados. El PNUD pone en evidencia que cuando las mujeres son desplazadas del empleo formal, el Estado también pierde capacidad económica recaudatoria y social.
Cuando los gobiernos reducen la inversión en bienestar para cumplir obligaciones financieras, las desigualdades existentes no desaparecen. Por el contrario, se profundizan, de manera más abrupta para las mujeres. La deuda soberana no solo se paga con recursos públicos. Muchas veces también se paga con el tiempo, la salud, las oportunidades, la sobrecarga y el cuerpo de millones de mujeres.
Después del 10 de mayo, conviene cuestionar las estructuras económicas que dependen del trabajo de cuidados para sostenerse. La maternidad no puede honrarse solo desde el sacrificio, sino con políticas públicas que reconozcan que además de madres, las mujeres somos personas con derechos, autonomía y proyectos propios.
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