Una de las crecientes preocupaciones en las democracias emergentes y consolidadas está relacionada con el financiamiento a los partidos políticos. La discusión se ha centrado en cómo evitar que estos institutos estén supeditados a intereses privados, desde organizaciones criminales hasta grandes corporaciones privadas.
De acuerdo con un documento elaborado por Ingrid Van Biezen para el Carter Center, las reglas para el financiamiento partidista y las campañas electorales deben contemplar lo siguiente: un balance entre financiamiento público y privado, reglas estrictas para donaciones privadas, límites claros para el gasto relativo a campañas, mecanismos de transparencia y trazabilidad de las cuentas y una autoridad independiente que pueda auditar y sancionar a aquellos partidos que violen las reglas.
Si bien hay avances considerables respecto a las reglas de financiamiento a los partidos políticos, aún existen varios desafíos que atentan en contra de los principios democráticos. En México, si bien existe la figura de financiamiento privado, la principal fuente de recursos de los partidos políticos, es el dinero público. En nuestro país, 30% del financiamiento público se distribuye de manera igualitaria y 70% según la votación anterior obtenida, con la obligación de destinar un 3% a la capacitación de las mujeres. Este esquema ha operado como un mecanismo de equilibrio en la competencia.
México se suma al 58% de países en el mundo que, de acuerdo con IFES, sigue un modelo de financiamiento público directo, con apoyos indirectos —como acceso gratuito a medios de comunicación o exenciones fiscales— para nivelar la contienda. Sin embargo, este modelo no está exento de problemas. En nuestro país se han detectado casos de financiamiento ilícito y sanciones impuestas por la autoridad electoral, en otras latitudes la historia no es muy distinta, como ejemplo está el caso brasileño y la red de corrupción alrededor de Odebrecht que, de acuerdo con IDEA Internacional, involucró a doce países de América Latina; o el escándalo de corrupción del Partido Liberal Democrático de Japón en 2023.
En México, el modelo de financiamiento público está diseñado para equilibrar la competencia. Este esquema permite la operación de todas las fuerzas políticas, incluidas las de menor tamaño. Para 2026, el presupuesto aprobado asciende a 7,737 millones de pesos, destinados a actividades ordinarias y específicas, con mecanismos de fiscalización continua.
El diseño de un entorno de financiamiento eficaz es un elemento central para reducir la corrupción. Diversos foros internacionales han subrayado la necesidad de reforzar la fiscalización y atender vulnerabilidades como la opacidad financiera, la injerencia extranjera o la influencia del crimen organizado. En este contexto, organismos internacionales y sociedad civil juegan un papel relevante al mantener el tema en la agenda pública e impulsar que la equidad permanezca como principio rector.
La función de los partidos políticos requiere recursos. Los modelos tradicionales de financiamiento a estos institutos han quedado atrás. Las cuotas de las militancias son hoy la excepción y no la regla. Es evidente que en democracia, se requiere evaluar, diseñar e implementar modelos que logren equilibrar lo público y lo privado; mecanismos que aseguren la auditoría y trazabilidad de los recursos; así como reglas claras que reduzcan el riesgo de que intereses indebidos y recursos ilícitos encuentren vacíos para influir en la política.
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