Actualmente estamos confrontando una de las realidades más dolorosas y persistentes en México: el embarazo infantil. Lejos de ser una problemática en vías de erradicación, los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) nos recuerdan que miles de niñas y adolescentes continúan viendo truncadas sus infancias y futuros por una maternidad prematura, la cual no se traduce en la existencia de un abuso sexual. Esta es una herida abierta en nuestra sociedad que exige una atención urgente por parte de las autoridades y la sociedad misma.

Según las últimas estadísticas disponibles del INEGI y la Secretaría de Salud, en 2023, cerca de 3,134 nacimientos fueron de madres con edades entre 10 y 14 años, y el 5.6% de los nacimientos registrados correspondieron a madres de entre 10 y 17 años. Si bien se ha reportado un descenso en la tasa de fecundidad adolescente (15-19 años) en los últimos años, con una reducción del 30% entre 2018 y 2022, la persistencia de casos en niñas menores de 15 años es particularmente alarmante y, como se ha reportado hasta 2024, hubo niñas de hasta 10 años que se convirtieron en madres. Este dato no solo es una cifra; es el reflejo de la vulneración de derechos, la violencia sexual y la falta de oportunidades que enfrentan las más jóvenes.

Las causas del embarazo infantil son multifactoriales y se entrelazan en un complejo entramado como la falta de educación sexual integral y de acceso a métodos anticonceptivos, la desigualdad de género, la pobreza extrema, la violencia familiar y sexual, y la normalización de uniones tempranas, especialmente en zonas rurales y comunidades marginadas.

Resulta preocupante que, según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2023, entre las razones para no usar métodos anticonceptivos en la primera relación sexual, el 30.5% de las adolescentes afirmó no haber planeado tener relaciones sexuales, y el 22.2% no conocía o no sabía dónde obtener los métodos.

Cada caso de embarazo infantil es una alarma que nos exige voltear la mirada y pedir el fortalecimiento del sistema legal y de justicia para garantizar los derechos de las niñas que han sido abusadas y obligadas a ser madres. Asimismo, se requiere de una educación sexual integral que empodere a las niñas, un acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva, la prevención y erradicación de la violencia sexual a través del fortalecimiento de los mecanismos de denuncia, garantizando el acceso a la justicia para las víctimas sin que tengan que ser revictimizadas.

Pero, sobre todo, es urgente romper estigmas, tabúes y creencias que normalicen el embarazo a temprana edad, o las relaciones de hombres que son hasta 60 años mayores que las niñas víctimas de un embarazo, sí, son víctimas porque han sido abusadas, juzgadas, culpabilizadas y obligadas a un embarazo que en todo momento ha puesto en riesgo su vida y su salud de manera integral. Las niñas mexicanas merecen vivir una infancia plena, sin abusos. Las niñas tienen que ser libres, empoderadas y con derecho a elegir sobre su vida y su cuerpo.

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