Durante los primeros días de enero tuvimos la noticia del caso de una niña indígena de apenas 10 años que había ingresado a un hospital de San Cristóbal de las Casas para tener un parto. Es una noticia indignante, que refleja el fracaso del sistema y es una de las formas más crueles de tortura que una sociedad puede permitir contra la infancia. Porque hablar de un embarazo a los 10 años de edad requiere entender que lo que se cometió fue un abuso a la menor porque no existe el consentimiento en una relación con una niña. Debemos saber que, en cada caso como este, hay una historia de abuso sexual, impunidad y una frecuente cadena de silencios familiares y comunitarios.
Un embarazo a los 10 años pone en riesgo la vida de la niña, pues su cuerpo no está preparado para la gestación porque su pelvis no ha terminado su desarrollo, y los riesgos de hemorragias son altísimos. Obligar a una niña a parir es someterla a un riesgo de muerte que ni ella puede comprender. A pesar de los riesgos, de acuerdo con los registros de salud del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se estima que en México ocurren, en promedio, 21 partos diarios en niñas menores de 15 años. Esto significa que cada hora, prácticamente una niña es obligada a enfrentar un evento biológico y social para el que no está preparada ni física, ni mental, ni emocionalmente.
El caso reciente de la niña nos hace voltear la mirada hacia la gravedad del tema, la cual se incrementa al tratarse de una niña indígena, pues su vulnerabilidad se duplica, ya que, la falta de educación sexual integral y la ausencia del Estado en las zonas más remotas crean un terreno fértil para que el agresor actúe sin miedo a las consecuencias. Y, ¿en dónde estaban las redes de protección? La respuesta es que estaban ausentes, como de manera común lo están, pues todas fallaron, no hubo una sola institución que le defendiera, hubo una familia pasiva ante el abuso y una sociedad cegada por la cotidianidad ante este tipo de sucesos.
Que en nuestro país haya embarazos infantiles representa también una emergencia de protección a los derechos humanos y a la infancia porque la niñez debe estar por encima de cualquier dogma o negligencia administrativa. Como sociedad necesitamos dejar de ser indiferentes hacia el abuso de las infancias, dejar de normalizar los embarazos infantiles y exigir justicia para que los abusadores no queden impunes. A las instituciones les toca cumplir sus funciones, dejar de ver las estadísticas como solo números y reflexionar qué estamos hablando de niñas que les han robado su infancia y les han roto su proyecto de vida al haber sido abusadas, y luego obligadas a cumplir un papel que no son capaces de comprender aún.
Todas las niñas merecen vivir en un ambiente seguro, merecen ser felices y desarrollarse plenamente para lograr lo que quieran. No podemos seguir tratando estos casos como eventos fortuitos cuando la realidad nos dice que es una constante en nuestro país.
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