Recientemente en nuestro país se ha abierto un debate importante sobre restringir el acceso a eventos de entretenimiento, conciertos y actividades de ocio a los deudores alimentarios, pues dentro de los cuestionamientos que se hacen es si esto corresponde a una medida drástica que vulnera derechos o si se trata de una respuesta contundente ante un problema latente dentro de la sociedad. Al respecto, quien escribe estas líneas considera que esta propuesta apoya la lucha por la justicia infantil y exponer la existencia de una forma común de violencia económica hacia las infancias y sus madres.

El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA), es un registro público de personas que deben pensión alimenticia y no han cumplido con sus obligaciones, teniendo como propósito, a través de la concentración de información de estas personas, asegurar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. A pesar de la existencia de este registro, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta que el 67.5 por ciento de las madres autónomas en México enfrentan el incumplimiento de pensiones y, tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben el apoyo que les corresponde.

Leer las cifras anteriores reflejan la despreocupación y falta de compromiso de padres hacia sus hijos e hijas. Son deudores que a menudo disfrutan de una vida social y económica aparentemente normal, mientras la manutención de las niñeces recae enteramente en la madre, y en ocasiones, en el empobrecimiento de las y los menores. Todo esto refleja una realidad que miles de mujeres y sus hijos e hijas viven en nuestro país y no podemos continuar haciendo caso omiso ante la situación.

A partir del tema tan importante y las consecuencias que tiene en las infancias que sus padres no se hagan responsables y sean deudores alimentarios, el pasado 27 de noviembre, la Diputada Paola Jiménez propuso impedir que las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos ingresen a eventos masivos, como conciertos, espectáculos deportivos, festivales o actividades de entretenimiento. Iniciativa que, en lo personal, aplaudo y considero debe ser aprobada para combatir este tipo de violencia económica que es ejercida en nuestro Estado hacia las infancias.

La prohibición de acceder a espacios de diversión va más allá de la sanción económica tradicional, como la retención de salario, al ser una medida de justicia retributiva social, y sobre todo disuasoria, pues obliga al deudor a confrontar su irresponsabilidad, no solo en el campo legal, sino en lo social, normalizando que la irresponsabilidad parental tiene un costo social palpable. Hay quienes están en contra de esta iniciativa porque, supuestamente, viola los derechos humanos, pero los derechos individuales no pueden ejercerse en menoscabo de los derechos fundamentales de terceros, especialmente cuando se trata de menores de edad.

No hay que dejar de lado que el derecho de la niñez a alimentarse, vestirse, educarse y tener salud es jerárquicamente superior al derecho de un progenitor a ir a un concierto, un partido de fútbol o cualquier tipo de entretenimiento. Porque no se puede merecer el disfrute de lujos sociales cuando no se cumple con las necesidades básicas de la familia.

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