El 17 de octubre de 1953 quedó inscrito en la historia de México como el día en que la Constitución finalmente reconoció lo que jamás debió ser negado, la ciudadanía plena de las mujeres. A 73 años de la publicación de aquella reforma a los artículos 34 y 115 constitucional, en las aulas, con frecuencia se enseña que el voto femenino fue una concesión del Estado. Pero, el sufragio femenino no se regaló; se conquistó a través de décadas de resistencia organizada por pioneras como Hermila Galindo, Elvia Carrillo Puerto y miles de sufragistas, intelectuales, obreras y campesinas que desafiaron el orden patriarcal de su época para exigir el derecho a decidir el rumbo del país.
Después de siete décadas y tres años, México cuenta con un marco de paridad de género constitucional en los tres poderes del Estado y en los tres órdenes de gobierno, pues las mujeres ocupan escaños, gubernaturas, las secretarías más relevantes y la propia Presidencia de la República, de tal manera que la presencia en la toma de decisiones ha dejado de ser una excepción para convertirse en la norma institucional.
Sin embargo, la verdadera prueba de la democracia va más allá de la representatividad numérica de las cúpulas, pues también importa la calidad de vida y las libertades cotidianas de la ciudadanía, ya que el ejercicio de la participación política para las mujeres continúa atravesado por graves contrastes tales como la violencia política en razón de género, pues las mujeres al ocupar un cargo público, siguen teniendo un costo desproporcionado en comparación con los hombres al sufrir acoso, descalificaciones basadas en estereotipos, amenazas y agresión física. Asimismo, se encuentra la paridad formal contra el poder real porque a pesar de que se ha alcanzado la paridad de integración en órganos legislativos y de gobierno, en muchos espacios locales la toma de decisiones presupuestales y estratégicas sigue concentrada en redes informales masculinas. Y también se encuentra la brecha entre las urnas y la vida cotidiana, en este caso, el derecho a votar pierde su fuerza si la votante enfrenta violencia sistemática en su hogar o comunidad, precariedad laboral, brecha salarial o la sobrecarga no remunerada de las labores de cuidados.
De cara al proceso electoral de 2027 en el Estado de México, donde se renovarán los 125 ayuntamientos y el Congreso local, contar con una mayor y más fortalecida participación de las mujeres resulta indispensable. El Estado de México, por su complejidad demográfica, territorial y socioeconómica, exige que la representación femenina no se limite al cumplimiento formal de cuotas en las listas partidistas, de ahí que la importancia de consolidar y ampliar los liderazgos femeninos mexiquenses hacia 2027 radique en promover a más mujeres en la toma de decisiones municipales para asegurar la inclusión de agendas prioritarias como la creación de Sistemas Locales de Cuidados, transporte público seguro y servicios básicos con perspectiva de género.
Históricamente las estructuras municipales han sido los espacios donde más se afianza la paridad simulada, relegando a las mujeres a regidurías sin cartera o comisiones secundarias, por ello, la elección de 2027 debe ser la plataforma para garantizar que las mujeres ejerzan titularidades ejecutivas y presupuestales de impacto real. De tal manera que la contienda en los 125 municipios mexiquenses será la prueba de fuego para los órganos electorales y partidos políticos en cuanto a la protección efectiva de las candidatas frente a los amedrentamientos y la violencia política que suele agudizarse a nivel local.
Debemos saber que la verdadera emancipación política se consolidará cuando votar no implique un riesgo, cuando liderar no exija sobreesfuerzos ni violencia, y cuando la igualdad jurídica se traduzca en una igualdad sustantiva para todas las mexicanas, independientemente de su origen social, étnico o geográfico. Necesitamos garantizar que la democracia funcione con el mismo rigor para quienes emiten el voto como para quienes aspiran a representar en las urnas del Estado de México y de todo el país en 2027.
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