Gobierno

Seis iniciativas clave estancadas por “falta de voluntad política” en Edomex

Estas demoras mantienen sin avances la actualización de leyes clave que buscan garantizar derechos humanos, fortalecer la justicia y mejorar la atención en salud para la población

Entre las iniciativas que el Congreso local no ha podido concretar plenamente se encuentra la Interrupción Legal del Embarazo. Foto Especial
02/12/2025 |06:30
Alma Rodríguez
Reportera EL UNIVERSAL EdomexVer perfil

Toluca, Méx.- Son al menos seis iniciativas que, por varias , han intentado concretarse y que, por falta de acuerdos o de voluntad política, no han logrado materializarse; algunas de ellas deben ser reingresadas cada Legislatura en un nuevo intento por ser analizadas y aprobadas.

Entre las iniciativas que el Congreso local no ha podido concretar plenamente se encuentra la Interrupción Legal del Embarazo, una exigencia de feministas, colectivas y acompañantes. Si bien en noviembre la Legislatura aprobó la despenalización del aborto, siguen pendientes las reformas secundarias que garanticen un procedimiento seguro y accesible en todas las clínicas de salud del Estado de México.

En septiembre, la diputada Zaira Cedillo Silva, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, presentó una iniciativa para reformar diversas leyes que aseguren un aborto legal, seguro y gratuito; sin embargo, aún no ha podido dictaminarse para su aprobación en el Pleno.

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Otra iniciativa que ha quedado en el "tintero" es la relativa a concretar una Ley de Salud del Estado de México. La entidad tiene más de 20 años sin una ley, ya que fue abrogada por decreto en diciembre de 2001. Al interior de la han ingresado propuestas para crear un marco normativo adecuado a los tiempos actuales, en el contexto de la universalidad del sistema de salud y del surgimiento de nuevas enfermedades como Covid-19, influenza o viruela símica, entre otras, pero no han logrado avanzar.

En materia de salud también destaca la reforma integral a la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM). En al menos dos Legislaturas se ha intentado impulsar una nueva ley que dé viabilidad financiera al instituto, el cual enfrenta una grave insolvencia frente a sus derechohabientes, un modelo de financiamiento insostenible, riesgo real de interrupciones en los servicios médicos y de seguridad social, y una presión judicial creciente sobre servidores públicos imposibilitados de cumplir con sus obligaciones institucionales. No obstante, hasta ahora únicamente se han planteado reformas parciales a algunos artículos.

En el ámbito de justicia sigue pendiente dictaminar la tipificación de la violencia ácida o química, ya que actualmente se considera solo como una agravante del delito de lesiones, con penas de 5 a 10 años de prisión y de 100 a 200 días multa. Las iniciativas buscan elevar la penalidad, reconocerla como delito autónomo y garantizar atención integral para las víctimas. En esta Legislatura, la Fundación Carmen Sánchez y las diputadas Nelly Rivera Sánchez y Zaira Cedillo Silva han presentado propuestas en la materia.

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En este mismo rubro destaca la Ley “Mariana Lima”, que busca tipificar la negación de justicia por razones de género, siendo única en su tipo a nivel nacional. La propuesta ha sido remitida por segunda vez al Congreso local: la primera vez ingresó en 2023 por Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, víctima de feminicidio, pero no fue dictaminada; la segunda, presentada en octubre de este año, cuenta con el respaldo de la diputada Jennifer González López.

La iniciativa busca imponer de 4 a 10 años de prisión, de 100 a 150 días multa, así como la destitución e inhabilitación para el servidor público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) o del sistema de procuración de justicia que incurra en la negación de justicia por razones de género. Además, establece que toda muerte violenta de una mujer sea investigada con perspectiva de género.

Otra propuesta que no avanza es la Reforma Constitucional y el Marco Legal del , impulsada por Morena en 2020. Dicho proceso incluyó un parlamento abierto con la participación de especialistas, estudiantes, profesionistas, sociedad civil, servidores públicos y otros sectores.

El proyecto fue presentado en 2023, pero aún no existe la voluntad política necesaria para aprobar una reforma cuyo propósito es actualizar la legislación conforme a las realidades actuales y renovar un texto constitucional que no ha sido modificado de manera profunda desde 1995.

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