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Toluca, Méx. La Secretaría de Finanzas del Estado de México hizo un llamado a 26 municipios mexiquenses para que de forma voluntaria exenten al 100 por ciento el pago de derechos por licencias de uso de suelo y construcción a empresas que se establezcan en sus territorios.
Mecanismo para incentivar la inversión privada
El llamado, que forma parte de un instrumento jurídico-administrativo, busca incentivar la inversión privada en actividades mercantiles, industriales y de servicios, con el objetivo de reactivar la economía local y generar empleos.
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Los municipios considerados en esta medida son: Amecameca.
- Atenco.
- Atlautla.
- Ayapango.
- Chalco.
- Chiautla.
- Chicoloapan.
- Chiconcuac.
- Chimalhuacán.
- Cocotitlán.
- Ecatzingo.
- Ixtapaluca.
- Juchitepec.
- La Paz.
- Nezahualcóyotl.
- Ozumba.
- Papalotla.
- Temamatla.
- Tenango del Aire.
- Tepetlaoxtoc.
- Tepetlixpa.
- Texcoco.
- Tlalmanalco.
- Valle de Chalco Solidaridad.
- Coacalco de Berriozábal.
- Ecatepec.
Aplicación de estímulos fiscales
La aplicación de estos estímulos fiscales será voluntaria y dependerá de la decisión de cada ayuntamiento, para no atentar al ejercicio de su autonomía municipal, se detalló en el documento dado a conocer en la Gaceta de Gobierno.
Cada gobierno local deberá definir los montos, plazos y requisitos específicos mediante un Acuerdo de Cabildo, siguiendo los lineamientos del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México.
La bonificación no aplicará en varios casos: cuando no se cumplan los requisitos establecidos, si la empresa tiene adeudos fiscales estatales o municipales, cuando los derechos ya hayan sido pagados previamente, o si se detecta información falsa en la solicitud.
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Revocación por incumplimientos
Las autoridades municipales podrán revocar el beneficio si posteriormente descubren incumplimientos, obligando al pago retroactivo de derechos más accesorios y sanciones correspondientes.
Cabe destacar que el beneficio fiscal no generará saldos a favor compensables ni devoluciones. Esta medida forma parte de la política de desarrollo económico estatal, aunque su implementación final dependerá de cada municipio.
Tras publicarse el anuncio de la dependencia, los ayuntamientos deberán definir su postura al respecto, y analizar el potencial impacto de estos incentivos en los planes de expansión del sector empresarial.
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