Toluca, Méx.— La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asestó un golpe definitivo a las omisiones en el sistema penitenciario del Estado de México, al ordenar un plan de choque multidisciplinario para frenar el hacinamiento, la corrupción y los tratos crueles dentro del penal Neza Bordo. La resolución ratifica un reclamo histórico de familiares, quienes celebraron que el máximo tribunal reconozca que las condiciones de internamiento rayan en la tortura.
El Pleno de la SCJN resolvió que la sobrepoblación penitenciaria excede el ámbito administrativo y vulnera gravemente los derechos humanos, equiparándose a tratos inhumanos y degradantes. Con esta determinación, el Estado mexicano asume la obligación de garantizar espacios dignos, servicios básicos e integridad física a las personas privadas de la libertad.
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El fallo deriva de un juicio de amparo promovido por la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, perteneciente al Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP). El expediente judicial revela un colapso operativo que data de 2001: aunque el inmueble de Nezahualcóyotl tiene capacidad para mil 834 internos, en noviembre de 2025 albergaba a 5 mil 823 personas (217% de sobrepoblación). Para julio de 2026, la cifra se situó en 5 mil 435 reclusos, manteniendo un excedente cercano al 236%.
Para las familias de los internos, el fallo judicial llega tras años de denuncias ignoradas por las autoridades locales.
Desde 2021 señalamos que mi hijo duerme en el piso de una celda con varias personas. No hay ventilación adecuada ni agua. Lo que dijo la Corte confirma lo que nosotros hemos dicho por años y no nos hacían caso”.
María Elena, madre de un interno.
Los testimonios recabados a las afueras del penal detallan un sistema de extorsión cotidiano y falta de condiciones elementales. Rosa, familiar de un recluso, relató que en celdas diseñadas para ocho personas se apiñan más de 20: “El aire falta y hace mucho calor; si alguien se enferma, tardan días en llevarlo al médico”. Por su parte, Jorge y Martha señalaron el cobro de cuotas por parte de custodios e internos que controlan los módulos, quienes exigen pagos por permitir las visitas, evitar golpizas o no enviar a los reclusos al aislamiento.
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Ante el diagnóstico de crisis, la SCJN otorgó un plazo máximo de seis meses a la Secretaría de Seguridad del Estado de México, a la Subsecretaría de Control Penitenciario y a la dirección del penal para trazar un plan de acción interinstitucional. La estrategia deberá incluir medidas concretas, plazos específicos y la evaluación caso por caso de beneficios de preliberación —conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal—, además de traslados voluntarios.
Las autoridades del Estado de México estarán obligadas a entregar informes trimestrales de avance ante el Juzgado Quinto de Distrito en la entidad. Asimismo, la resolución dio vista formal a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) y a la Defensoría Pública estatal para vigilar el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Corte.
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