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Toluca, Méx. - Para resolver los conflictos cotidianos antes de que sean delitos, fortalecer la seguridad pública y promover la participación ciudadana, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI) presentó dos iniciativas para crear la Conferencia Estatal de Justicia Cívica, crear el Fideicomiso para mejorar la Seguridad Pública con participación ciudadana (FIMESEG) y reformar la Ley de Seguridad Pública estatal.
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El diputado Mariano Camacho San Martín presentó la iniciativa para fortalecer la justicia cívica a nivel municipal, pues refirió que en la actualidad sólo 10 municipios: Tecámac, Metepec, San Mateo Atenco, Ixtlahuaca, Morelos, Villa de Allende, Aculco, Huixquilucan, Texcoco y Toluca, han consolidado de manera efectiva los juzgados cívicos, mientras que el resto presenta un avance medio o nulo.
La propuesta plantea establecer en la Ley de Seguridad Pública del estado crear la Conferencia Estatal de Justicia Cívica, encargada de coordinar, homologar y evaluar la implementación de la justicia cívica en todos los municipios; proponer y supervisar acciones y programas en la materia; elaborar un plan para capacitar a las personas servidoras públicos de los juzgados cívicos e impulsar el desarrollo de instrumentos legislativos y presupuestales.
Será presidida por el titular de la Secretaría de Seguridad y tendrá como integrantes a titulares de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Consejería Jurídica, ediles que encabecen los Consejos Intermunicipales de Seguridad Pública, y participarán como invitados permanentes el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el Poder Legislativo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y ciudadanos con prestigio y conocimiento en la materia.
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Y el diputado Alejandro Castro planteó crear el FIMESEG, el cual permitirá financiar proyectos ciudadanos que ayuden a mejorar la seguridad. Este fideicomiso resultaría del 3% de la recaudación del Impuesto Sobre Nómina que se estima ronde este 2025 los 18 mil millones de pesos, por lo que el equivalente al 3% sería 555 millones de pesos.
Y planteó reformar la Ley de Seguridad Pública para que las y los integrantes del Consejo Ciudadano tengan voz y voto dentro del Consejo Estatal de Seguridad Pública, permitiendo que por primera vez la ciudadanía participe directamente en las decisiones más importantes sobre la estrategia de seguridad del Estado.
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