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Toluca, Méx. - La dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México se pronunció a favor de dar reversa al llamado “tarifazo del bienestar” que comenzará a aplicarse este 15 de octubre y en su lugar, someter a consulta pública el avalar o no el incremento.
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El PRI demanda que la tarifa al transporte público sea sometida a una consulta ciudadana, que sean ellos quienes digan si es justo y necesario un aumento al pasaje. El tarifazo se aprobó rápidamente, en lo oscurito y en fin de semana, es una bofetada directa al bolsillo de los mexiquenses y un cheque en blanco a los transportistas, el PRI no solo rechaza esta medida, exigimos que el tarifazo sea consultado a la gente
señaló Cristina Ruíz Sandoval, dirigente estatal del PRI
En este sentido, pidió a la Secretaría de Movilidad dar a conocer el estudio que justifica la necesidad del incremento al pasaje, pues indicó que desde hace 3 años el precio del diésel ha estado estable, oscilando entre los 24.17 y los 25.52 pesos.
Y pese a que desde 2024 el gobierno estatal ha otorgado beneficios extraordinarios a los transportistas, tales como: subsidio del 100% en el pago de impuesto sobre la tenencia, del 100% en el pago al refrendo anual, del 100% en derechos y tramites de concesión y permiso, entre otros, las unidades siguen siendo obsoletas e inseguras.
El tarifazo del bienestar no tiene justificación económica, sino es una complacencia política, hoy se estima que en el Estado de México circulan más de 700 mil unidades del transporte público, de ellas 550 mil operan en ilegalidad, el 78%, es decir 8 de cada 10 no cumplen los requisitos básicos para circular
afirmó la líder del PRI
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Por lo anterior, pidieron suspender el aumento aprobado en lo ‘oscurito’ hasta garantizar condiciones mínimas de seguridad y calidad en las unidades del transporte; que ninguna tarifa suba mientras las unidades no cuenten con videovigilancia y las unidades viejas sean sustituidas; así como apoyar con descuentos reales a estudiantes y adultos mayores.
Los priistas mexiquenses también exigieron un Plan de Movilidad que sirva de beneficio a la ciudadanía; una auditoría total a las concesiones, y que la SEMOV transparente cuántas concesiones están activas, vencidas o irregulares.
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