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Toluca, Méx. El Ejecutivo del Estado de México presentó una iniciativa para reconocer a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.Con esta propuesta, se busca dar cumplimiento a la reforma al artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 30 de septiembre de 2024, la cual otorgó a las entidades un plazo de 180 días para adecuar sus leyes.De acuerdo con datos del INEGI de 2020, en el Estado de México hay 417 mil 603 hablantes de alguna lengua indígena, de los cuales el 75.15% pertenecen a los pueblos originarios de la entidad: mazahuas, otomíes, náhuatl, matlatzincas y tlahuicas.
Sin embargo, los índices de pobreza y desigualdad económica afectan de manera desproporcionada a esta población, pues la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) indica que el ingreso promedio de las personas indígenas es 17.48% menor en comparación con el promedio estatal.
La gobernadora Delfina Gómez Álvarez remitió a la 62 Legislatura una iniciativa que, en términos generales, plantea garantizar el reconocimiento de sus sistemas normativos, el derecho a ser consultados sobre medidas legislativas o administrativas, y la obligación del Estado de preservar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, material e inmaterial, que constituye su cultura e identidad.
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También promueve una política lingüística multilingüe que permita su uso tanto en espacios públicos como en aquellos privados donde sea aplicable y el derecho a utilizar las lenguas indígenas en la creación de modelos educativos.
Además, se prevé un ajuste constitucional para asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante el reconocimiento de las prácticas de la medicina tradicional y su articulación con la cobertura del sistema nacional con perspectiva intercultural; y el reconocimiento del derecho de la niñez, adolescencia y juventud indígena y afromexicana a recibir atención adecuada en sus propias lenguas.
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De igual forma, se impulsa el acceso pleno a la jurisdicción del Estado. Para lograrlo, en todos los juicios y procedimientos en los que participen, ya sea de forma individual o colectiva, se deberán respetar sus sistemas normativos y particularidades culturales. Además, la propuesta establece que el Congreso del Estado y los ayuntamientos asignen partidas específicas en los presupuestos de egresos que aprueben, junto con los mecanismos y procedimientos necesarios para que los pueblos y comunidades indígenas administren y ejerzan dichos recursos conforme a la legislación correspondiente.
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