Toluca, Méx. — De enero a agosto de 2025 el Poder Judicial del (PJEM) reportó el inicio de 816 expedientes en contra de servidores públicos, de los cuales el 88 por ciento correspondió a personas colaboradoras adscritos a órganos jurisdiccionales y el 12 por ciento a personal administrativo.

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Las sanciones impuestas suman un total de 15 años, 10 meses y 260 días / Foto Archivo El Universal
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Sanciones

Con el fin de combatir actos de corrupción, derivado de dichos expedientes se impusieron sanciones a 29 personas, individualizadas en proporcionalidad a la gravedad de sus conductas u omisiones.

Al respecto, el PJEM reporta que, en el caso de las sanciones impuestas por faltas graves, las inhabilitaciones, destituciones y suspensiones aplicadas suman un total de 15 años, 10 meses y 260 días, y una sanción económica superior a los 64 mil pesos, mientras que los procedimientos determinados como faltas no graves, las suspensiones sumaron 32 días, las sanciones económicas más de 9 mil pesos, así como cuatro amonestaciones.

Denuncias de la ciudadanía en contra de servidores judiciales

Además, a través de los canales oficiales para recibir denuncias de la ciudadanía en contra de servidores judiciales en el desempeño de su cargo o comisión, durante el periodo se ingresaron 795 denuncias, de las cuales, en 73 se identificaron elementos de probable responsabilidad administrativa, lo que representa el 39 por ciento más que en 2024.

Auditorías

Para prevenir y detectar conductas ilícitas, garantizar la correcta aplicación de los recursos y mejorar la labor del Tribunal Superior de Justicia del Estado, no sólo se han sancionado a servidores judiciales, también se han practicado auditorías a unidades administrativas y proyectos de obra pública que han derivado en diversas observaciones.

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En total, durante la gestión del Magistrado se efectuaron siete auditorías, de ellas, cinco se concluyeron y derivaron en 18 recomendaciones de mejora administrativa que han sido atendidas, también se llevaron a cabo 416 inspecciones presenciales y remotas a órganos jurisdiccionales de Primera y Segunda Instancia, y 47 inspecciones (36 en el ámbito administrativo y 11 de obra pública) que generaron en 16 recomendaciones.

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