Escrito por: Abigail Alcántara
Toluca, Méx. — El Poder Judicial del Estado de México (PJEdomex) implementará el Modelo de Gestión de Riesgos de Corrupción 3.0 (MOGERIC), mediante un convenio de colaboración con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SESAEMM), para identificar vulnerabilidades en sus procesos internos y prevenir posibles actos indebidos.
El acuerdo busca fortalecer la transparencia, cerrar espacios a la corrupción y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones de justicia, a través de mecanismos de evaluación, control y seguimiento de riesgos.
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El magistrado Héctor Macedo García, presidente del Tribunal Superior de Justicia estatal, señaló que el convenio da continuidad al Pronunciamiento de Cero Tolerancia a la Corrupción y al Cohecho, suscrito previamente por los tres órganos del Poder Judicial.
Tras firmar el documento junto con el magistrado Fernando Díaz Juárez, presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), y Víctor Romero Maldonado, secretario técnico de la SESAEMM, Macedo García destacó que el modelo permitirá examinar los procedimientos institucionales y atender posibles irregularidades relacionadas con el incumplimiento de responsabilidades, la falta de honestidad o el trato inadecuado a la ciudadanía.
El magistrado afirmó que la integridad en el servicio público debe traducirse en acciones permanentes y reiteró la disposición del Poder Judicial para someterse al escrutinio público y colaborar con las instancias especializadas.
Por su parte, Óscar Bazán Alatorre, presidente del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción estatal, señaló que el MOGERIC 3.0 permitirá identificar, evaluar y atender riesgos con una metodología especializada, evidencia y seguimiento.
Explicó que la coordinación entre instituciones y sociedad es indispensable para garantizar que el acceso a la justicia no dependa de favores, influencias o pagos indebidos.
En representación del Tribunal de Disciplina Judicial, la magistrada Nancy Flores Mendoza indicó que la aplicación del modelo debe reflejarse en mejores servicios, atención oportuna y resoluciones apegadas a derecho.
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Díaz Juárez recordó que el Poder Judicial mexiquense fue el primero del país en implementar el modelo durante su fase piloto, cuyos resultados permitieron desarrollar la metodología 3.0.
El esquema contempla cinco etapas: identificación de riesgos; evaluación y análisis; priorización y atención; monitoreo y seguimiento, y revisión sistemática para la mejora continua.
El convenio busca convertir estos mecanismos en acciones medibles y permanentes para fortalecer la confianza ciudadana y consolidar una cultura de integridad en la impartición de justicia.
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