Investigan 8 denuncias por corrupción, 'moches' y despidos injustificados en El Oro

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Toluca, Méx. - La Contraloría del Poder Legislativo informó que cuentan con ocho denuncias firmes en contra del Ayuntamiento de El Oro, las cuales han sido presentadas por diversos actores políticos, entre ellos, el síndico.

Recordó que de inicio se llegaron a registrar 14 denuncias; sin embargo, algunas no procedieron por no ser de su competencia y sólo se mantuvieron firmes ocho que refieren temas como: el incumplimiento de requisitos de algunos servidores para ser titulares de dependencias, unidades o áreas; por la destitución de personas sin el proceso correspondiente, despidos injustificados, por el no pago a trabajadores y por presuntos hechos de corrupción.

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Son denuncias que presentaron diferentes personas, salvo la del síndico que tiene que ver con el tema del manejo de dinero, la cual presentó un mes después de que hizo una rueda de prensa, en diciembre".

Juan José Hernández Vences, titular de la Contraloría

Explicó que las denuncias se encuentran en proceso de integración por lo que están solicitando información al Ayuntamiento, después pasarán a la etapa de investigación y posteriormente con la garantía de audiencia para determinar si hubo alguna falta administrativa, proceso que podrá tardar algunos meses.

Primero tenemos que valorar las pruebas que nos han sido entregadas, pedir información al municipio e ir concatenando las pruebas para que con ello podamos hacer el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)".

Juan José Hernández Vences, titular de la Contraloría

El contralor refirió que este número de expedientes en un ayuntamiento no obedece a un comportamiento irregular, pues es común que se registren inconformidades contra la autoridad del ámbito municipal.

Cabe señalar que regidores, regidoras y el síndico de El Oro han denunciado públicamente la existencia de irregulares en el gobierno municipal, tales como: corrupción y saqueo de recursos públicos; enriquecimiento ilícito, reflejado en gastos excesivos y patrimonio no acorde a ingresos; desvío de recursos municipales; "moches" y retornos en obra pública y extorsión a comerciantes; abuso de poder; uso indebido de programas sociales, bienes y personal municipal, así como la compra de voluntades y manipulación del Cabildo y clausura del rastro municipal, entre otros.