Toluca, Méx.- La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, presentó una iniciativa ante la 62 Legislatura para reformar leyes estatales en materia de desaparición de personas y fortalecer los mecanismos de búsqueda.
En este sentido, señaló que la desaparición forzada de personas constituye una de las crisis más graves del país, pues de acuerdo con las estadísticas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda, del 31 de diciembre de 1952 al 10 de diciembre de 2025, el total de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas asciende a 386 mil 500.
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En el mismo periodo, en el Estado de México se registran 11 mil personas desaparecidas y no localizadas, siendo Ecatepec, Toluca, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán los municipios con mayores registros.
Para ampliar los mecanismos de búsqueda, la iniciativa propone que, ante la noticia, reporte o denuncia de una persona desaparecida, se active la Alerta Nacional de Búsqueda, la cual constituye un mecanismo estandarizado de coordinación entre la Federación, el Estado y los municipios.
Asimismo, se propone que toda autoridad o particular que, por cualquier naturaleza, genere, administre o resguarde datos biométricos o cualquier otro dato identificativo de personas, deba permitir a las fiscalías, policías y la Guardia Nacional, así como a la Comisión Nacional de Búsqueda, a la Comisión de Búsqueda de Personas y a las comisiones de búsqueda de las entidades federativas, la consulta inmediata de la información sobre personas desaparecidas contenida en sus registros, bases de datos o sistemas de información.
De igual manera, se plantea que todos los establecimientos regulados en la Ley General de Salud, así como los establecimientos residenciales de atención a las adicciones, públicos o privados; centros de reinserción social; centros de asistencia social, y estaciones migratorias que, por sus actividades y objetivos autorizados, recaben, utilicen, administren o conserven datos biométricos, tengan la obligación de contar con registros completos y actualizados y permitir su consulta a las autoridades de seguridad.
Por otro lado, se impone la obligación a todas las instituciones que tengan bajo su resguardo cuerpos o restos humanos de asegurar un trato y resguardo dignos, mantener actualizados registros sistematizados con la información forense que se obtenga de estos, permitir su interconexión, remitirlos al Banco Nacional de Datos Forenses y permitir su consulta.
Asimismo, las instituciones que tengan acceso a imágenes y mediciones generadas por satélites, aeronaves no tripuladas u otras tecnologías estarán obligadas a permitir su consulta a la Fiscalía General, a las fiscalías locales, a la Comisión Nacional de Búsqueda, a la Comisión de Búsqueda de Personas y a las comisiones de búsqueda de las entidades federativas.
En todos estos casos, se enfatiza que la consulta de la información será exclusivamente para las acciones de búsqueda, localización, identificación e investigación de personas desaparecidas.
Además, el Ejecutivo presentó una segunda iniciativa para fortalecer el marco normativo estatal, con el objetivo de consolidar una política de seguridad pública alineada con los principios constitucionales, que promueva un modelo de seguridad centrado en la persona, respetuoso de los derechos humanos y eficaz para preservar la paz.
Finalmente, se presentó una tercera iniciativa para armonizar la legislación local con la federal, a fin de consolidar un modelo de seguridad que integre la persecución del delito, la atención a sus causas, la recuperación del espacio público y el desarrollo de oportunidades de bienestar, educación y empleo digno.
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