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Toluca, Méx.- El Gobierno del Estado de México analiza la posibilidad de rescindir los contratos de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS)y de Asociaciones Público-Privadas (APP) vigentes en la entidad, pero se advierte que ello implicaría hacer frente a pagos del orden de 10 mil millones de pesos.
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El secretario de Finanzas, Óscar Flores Jiménez, admitió que este tipo de contratos no han beneficiado a la entidad, por lo que, junto con especialistas, se revisa una estrategia para evitar costos que se cargarían al gobierno estatal en caso de invalidarlos.
Los contratos serán muy peleados en el ámbito jurídico; Estamos teniendo mucho cuidado. Uno de los temas que se nos planteó es la complicación para cerrar anticipadamente estos contratos, porque significa hacer frente a pagos del orden de 10 mil millones de pesos ante una posible rescisión, y queremos ser cuidadosos en la diligencia legal, administrativa y financiera".
Óscar Flores Jiménez
Este tema fue uno de los más cuestionados durante la primera reunión en comisiones legislativas para el análisis del Paquete Económico 2026. Los diputados pidieron al funcionario detallar las acciones que se están tomando para hacer frente a estos esquemas y eliminar la cláusula de "no disponibilidad", la cual permite que la empresa suspenda los trabajos de conservación y mantenimiento de las obras, no obstante, el derecho a cobrar el 100 por ciento del monto contractual debido a la imposibilidad jurídico-financiera de la Junta de Caminos para aplicar alguna penalización. Esta situación ha generado afectaciones significativas en la operación y conservación de las vialidades.
Flores Jiménez explicó que estos proyectos, en su origen, se diseñaron para atender obras de alto impacto, principalmente la conservación de carreteras, vialidades y caminos del sur, además de la construcción y operación de hospitales regionales como los de Toluca, Zumpango y Tlalnepantla, así como del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario.
Se trata de contratos que se formalizaron en 2007 y 2010, y tienen una vigencia de entre 21 y 27 años. En el caso específico de la APP Caminos del Sur, se formalizó en 2020 y tiene una vigencia de 12 años.
El primer camino que agotaremos es conciliar el interés con los empresarios, evitar el pleito. Les pondremos sobre la mesa todos los argumentos e información necesaria para ver cómo revertir el tema. Llegado el punto de no darse esa condición, por supuesto que actuaremos con todo el peso del Estado para garantizar lo que corresponda a la entidad, de modo que evitemos este tipo de contratos que no han beneficiado".
Óscar Flores Jiménez
Asimismo, indicó que para 2026 se tiene un presupuesto asignado del orden de 5 mil 900 millones de pesos, y que el Estado mantiene compromisos contractuales bajo estos esquemas hasta el año 2032.
"Sabemos y conocemos quiénes son los dueños de estas APP y PPS. Creo que habrá condiciones para mitigar y conciliar el interés público, y buscar estrategias para fortalecer este tipo de proyectos y evitar que esto sea un gasto oneroso para 2032".
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