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Texcoco, Méx. - El Gobierno del Estado de México mantiene gestiones para recuperar alrededor de 5 mil millones de pesos que dejaron de recibirse en el presupuesto federal, como consecuencia del ajuste poblacional derivado del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informó el secretario de Finanzas estatal, Óscar Flores Jiménez.
El funcionario explicó, en entrevista, que tras la pandemia de Covid-19, el INEGI registró cerca de un millón de fallecimientos en el Estado de México, lo que impactó el cálculo de las participaciones federales y derivó en una reducción presupuestal por el monto referido.
Flores Jiménez indicó que, tras el cambio de administración, el gobierno que encabeza la gobernadora Delfina Gómez Álvarez continúa el trabajo de conciliación para la recuperación de las participaciones.
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Asimismo, se trabaja con el INEGI, con el objetivo de que en el nuevo censo se refleje la población real del estado y se compense la reducción presupuestal.
Precisó que la disminución impactó el presupuesto estatal de manera general, aunque afirmó que las participaciones destinadas a los municipios se encuentran garantizadas.
En caso de recuperarse los recursos, comentó, estos podrían destinarse a otros sectores del gasto público conforme a las necesidades de la entidad.
Fue en noviembre del 2021, cuando el entonces gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, presentó una controversia constitucional contra el INEGI por los datos del censo. En enero de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la controversia constitucional.
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De acuerdo a lo declarado por el entonces gobernador, el Estado de México cuenta con casi 18 millones de habitantes; sin embargo, el INEGI reconoció 16.9 millones, diferencia que afectó el monto de recursos federales asignados a la entidad.
En la controversia se expuso que cualquier alteración al Presupuesto de Egresos Estatal implica una violación a la soberanía del Estado, sus facultades constitucionales en el ámbito presupuestal, así como al sistema federal, ya que una disminución por demás injustificada por parte de la Federación a los ingresos que debe recibir una entidad federativa y sus municipios se traduce necesariamente en un debilitamiento de las finanzas públicas.
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